Un letrado logró que una mujer firmara un documento de disposición de su patrimonio, pese a un informe pericial que afirmaba su falta de autonomía para tales decisiones. A ese acto convocó a un escribano, quien estuvo presente, aunque no firmó documentación alguna.

Ambos fueron imputados por el delito de defraudación por abuso de la necesidad e inexperiencia de un incapaz al aprovecharse de su vulnerabilidad, ya que además de ser adulta mayor, presentaba una restricción de su capacidad.

El juez que intervino en primera instancia dictó la falta de mérito de los acusados, a pesar de que un informe pericial indicaba que no poseía autonomía para realizar ese tipo de actos. Tampoco tuvo en cuenta una sentencia civil que limitaba la capacidad de la víctima.

El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó el fallo de falta de mérito de ambos imputados, aunque en el caso del notario, su participación había sido secundaria y la acción prescribió.

Los integrantes del Tribunal argumentaron que el magistrado se apartó de las pruebas objetivas. Agregaron que se basó en una interpretación personal de la conducta de la víctima, y omitió evidencias clave del dolo, es decir, de su voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud.

Además, subrayaron que la defraudación ocurrió no sólo por la condición de vulnerabilidad de la mujer, sino porque fue engañada respecto de los documentos que firmaba.

La resolución, que se encuentra con procesamiento firme, exige que la situación legal se defina antes de marzo de 2025, para evitar la prescripción de la causa contra el abogado.