Así como se conoció el costado más dramático del caso de Ángel de Jesús Fernández, el electrodependiente que quedó en medio de una disputa judicial por el terreno donde se asentaba su casa, hoy debe saberse que el Estado cumplió con su obligación de brindarle una solución eficaz a una familia vulnerable.

Tanto la Defensoría de Pobres y Ausentes n.° 2 de Corrientes, que ejerció la representación letrada del padre de Ángel para hacer valer sus derechos, como el Poder Ejecutivo Provincial, que otorgó una vivienda digna y garantizó esos derechos, cumplieron cada uno con su rol para que la historia de Ángel pueda contarse como un caso en que la respuesta estatal fue de estricta justicia.

Ángel Fernández, de 33 años, padece una discapacidad que lo hace electrodependiente. Sufre de una falla intestinal tipo III (secundaria a síndrome de intestino corto de etiología isquémica –trombosis venisa masiva). Su situación saltó a la luz pública cuando un juicio por el terreno donde se asienta la casa que construyó su padre –y que le adquirió según Ángel al propio Pedro Montaña, quien loteó las tierras que dieron origen al barrio homónimo– estuvo a punto de ser desalojado con el riesgo para su salud, ya que al estar con tratamiento de anticoagulación, depende de una máquina para alimentarse, mínimamente durante 16 horas diarias.

En ese entonces, allá por septiembre pasado, Ángel de Jesús advirtió: “Si siguen adelante con esto, me condenan a muerte”.

En 2017, Ángel sufrió una isquemia que afectó su sistema digestivo y desde entonces tiene que estar permanentemente conectado a una máquina que le permite vivir relativamente alimentado. “Soy electrodependiente porque sin eso, no vivo”, declaró.

De acuerdo al relato de Ángel, ese terreno donde estaba la casa de los Fernández, fue comprado en 120 cuotas a contar desde 1983 y nunca se escrituró. Por eso fue incluido en sucesión de los bienes de Montaña y luego reclamados por un proceso de prescripción adquisitiva.

Ante esta situación, la defensora de Pobres y Ausentes n.° 2 de Corrientes, doctora Nora Rosana Maciel, planteó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para exponer que el desalojo forzoso era violatorio de los derechos de las personas con discapacidad, del principio de razonabilidad y proporcionalidad e implicaba dejar en un situación de vulnerabilidad extrema a la familia Fernández.

Además, solicitó interrupción de términos que corrían y que se fije una audiencia con todos los representantes de los diversos organismos del Estado provincial y municipal (Coprodis, Desarrollo Social, Invico, etc.) para que brinden la ayuda necesaria a la familia de Ángel de Jesús.

El juez hizo lugar a esos pedidos, y así el servicio de justicia inició la respuesta debida. Se lo convocó a una audiencia por medios telemáticos y fueron atendidos sus requerimientos.

En paralelo, el Consejo Provincial del Discapacitado (Coprodis) lo asesoró y acompañó, intervino la Subsecretaría de Desarrollo Humano, que logró postergar el desalojo durante 10 días, y luego hizo lo propio el Invico, que por decisión del Ejecutivo provincial lo entrevistó y le garantizó el acceso a una vivienda en un desarrollo urbanístico próximo a entregarse en el barrio Santa Catalina

Por otra parte, Ángel dijo estar “muy agradecido” con el Ministerio de Salud de la Provincia le provee el alimento especial con los nutrientes que necesita. “De lo contrario sería imposible para nosotros conseguirlo”, dijo a la prensa.