Es la doctora Rocío Marlene Aguirre, designada prosecretaria en la UCODE de Santo Tomé. Atenderá, entre otras, cuestiones vinculadas a minoridad y familia. Lo resolvió el Fiscal General para que no se vea afectada la normal prestación del servicio de justicia.
Por una resolución del Fiscal General del Poder Judicial y para garantizar el acceso a justicia, una prosecretaria recientemente designada en la Unidad Coordinadora de la Defensa Oficial (UCODE, antes denominada Defensoría Oficial Penal) de Santo Tomé cumple, desde el pasado 23 de mayo, funciones en la ciudad de Alvear, donde se abocará a cuestiones vinculadas a minoridad y familia y desde donde reportará al titular de esa dependencia, doctor José Carlos Suaid.
La Resolución n.° 18 que el Fiscal General, doctor César Sotelo, firmó el 19 de mayo establece que desde el momento mismo de la toma de posesión del cargo por parte de la doctora Rocío Marlene Aguirre como prosecretaria de la UCODE de Santo Tomé, debe cumplir sus funciones y transmitirlas al Defensor Oficial de Santo Tomé para que este pueda actuar de acuerdo a las facultades que le son propias de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Ley 21/00).
Esta decisión del Fiscal General fue adoptada con una mirada poliédrica: tomó en cuenta el Acuerdo n.° 27 del 2021 del Superior Tribunal de Justicia, en el que se resolvió la transformación del actual Juzgado de Paz de Alvear en Juzgado con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Menores y la falta de un órgano del Ministerio Público en esa ciudad, cuya intervención imponen las leyes de fondo en los procesos donde estén comprometidos el interés públicos o la representación de menores, ausentes o incapaces, y que asegure la garantía constitucional de acceso a justicia de personas pobres de solemnidad. Y también se tomó con base en la multiplicidad de funciones a cargo del Defensor Oficial de Santo Tomé y la distancia que separa esa dependencia de Alvear, aunque ambas formen parte de la Quinta Circunscripción Judicial, lo que podría afectar la normal prestación del servicio de justicia, dada la obligatoriedad de asistir y representar a personas vulnerables que tiene la defensa pública.
“Resultas imprescindible la presencia permanente de un representante del Ministerio Público en la localidad de Alvear, cuyas funciones deben ser atención al justiciable, consultas y asesoramientos, redactar escritos de mero trámite en las causas civiles, dictámenes, demandas, contestar demandas, cédulas, oficios, contestar vistas, realizar actas, siempre bajo supervisión y siguiente lineamientos del Defensor, elaborar estadísticas, asistir a mandamientos, dar ingreso y egreso de expedientes, llevar un registro de los representados de la Defensoría”, señala la Resolución n.° 18/22, y agrega: “En el fuero penal, asistir y evacuar consultas de las personas imputadas en la comisión de un hecho delictivo que designen defensor oficial, haciendo nexo con el defensor oficial penal actuante, entre otras”.
Para que la doctora Aguirre realice mejor su tarea, se coordinó con el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Menores y de Paz que cumple sus funciones en ese edificio, sito en Hidalgo n.° 382 de Alvear.
En esta misma línea, hay que resaltar que es una política de la Fiscalía General garantizar la presencia de la defensa pública en aquellas ciudades que carezcan de esta representación del Ministerio Público.
Juró hoy ante la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal general, doctor César Pedro Sotelo, el recientemente designado prosecretario en la Defensoría de Pobres y Ausentes de Gobernador Virasoro, Quinta Circunscripción Judicial, doctor Daniel De Lima. Al flamante funcionario se le tomó juramento en virtud de lo dispuesto por el punto quinto del Acuerdo […]
Ante un centenar de personas se abordaron las distintas aristas de una problemática creciente y acerca de la cual toda la comunidad debe estar alerta para poder prevenirlo. Las charlas seguirán en Paso de la Patria, Mburucuyá, Berón de Astrada, San Cosme y Saladas.
Lo hallaron culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo parental. Los perpetró entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020, pero recién fue denunciado en diciembre de 2021. El Fiscal había pedido una pena incluso mayor.