La Municipalidad de Paso de los Libres y el Gobierno de la Provincia deberán articular políticas para proveerle al niño, quien también padece retraso mental profundo, una vivienda digna, y garantizarle los medicamentos y alimentos que necesita.
Por medio de una acción de amparo, la Asesora de Menores e Incapaces de Paso de los Libres, doctora Luisa Carolina Macarrein, consiguió que se le ordene a la Municipalidad de esa ciudad y al Gobierno de la Provincia proveerle una vivienda digna a un niño de seis años con insuficiencia renal crónica que espera un trasplante y padece retraso mental profundo, además de garantizarle los medicamentos y la alimentación que exige su estado de salud.
La jueza de Familia, doctora Marta Lagarreta hizo lugar a la presentación del Ministerio Público Tutelar, que advirtió acerca de la “desesperante” situación que expuso la progenitora del niño, sobre las condiciones insalubres en que vive (su vivienda se inundó durante un reciente temporal) y sin medios para costear el tratamiento y la alimentación de su hijo.
Con base en la Ley 26061(Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) y el régimen jurídico internacional, de rango constitucional en la República Argentina, la doctora Macarrein puso de manifiesto la afectación de los derechos del niño de acceder a una vivienda digna y del deber de protección, especialmente por su condición de doble vulnerabilidad, ya que a su discapacidad se sumaba una virtual situación de calle por no tener donde vivir.
“El niño está en diálisis y su vida corre peligro de no contar con la ayuda de los órganos estatales y como dicha área (Salud) depende del Municipio, tendrían que remover todos los obstáculos formales para dar atención pertinente al niño”, recalcó la Asesora de Menores, como conclusión de una serie de averiguaciones que encaró y que arrojó el grado de desidia en que incurrió la Municipalidad de esa ciudad del sur provincial.
En la presentación se adjuntó prueba documental emitida por el Hospital Juan Pablo II de esta capital, para rebatir una supuesta falta de datos fehacientes sobre la salud del niño que adujo el Municipio y alertar sobre la fragilidad de su vida “de persistir el poder administrador en el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, poniendo en juego la salud de S.E., quien se pertenece a sí mismo y no al Estado”, señaló la doctora Macarrein.
Lo que deberán garantizar el Gobierno provincial y al Municipalidad de Paso de los Libres, entre otras cosas, son una vivienda digna con una habitación individual de 9 m2 como mínimo, con puerta y ventana de cierre hermético que se puedan limpiar/lavar (habitación alejada de baños y sin acceso a animales domésticos); que posea techo, pisos y paredes lisas y lavables, de preferencia pisos cerámicos, paredes azulejadas o pintadas con pintura lavable y cielo raso de yeso, machimbre o telgopor. La casa deberá contar con pileta de bacha profunda (tipo de lavar ropa) con canilla alta y desagüe cloacal, y obviamente agua corriente y luz eléctrica, además de un espacio para depósito de materiales (tipo mesada y bajo mesada) donde ubicar una tarima baja para apoyar las cajas estas no deben estar expuestas al sol.
También debe proveerse al niño un grill o frazada térmica (calentamiento de bolsas de diálisis), una balanza de pie y balanza tipo alimentos (para pesada de paciente y de la bolsa de diálisis), dos mesas de 40 x 60 cm de superficie lisa y lavable (formica, acero inoxidable), tensiómetro con mango pediátrico; todo ello conforme las indicaciones expedidas por el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.
Asimismo, se ordena la provisón de los alimentos y medicación necesaria (Allopurinol 100mg, calcio 500mg, Calcitriol 0.25mg , Vitamina D2, Fenobarbital 100mg, Barex, Eritropoyetina 4000 U.I , leche maternizada y TMS Jarabe.
Es organizada por la Fiscalía General y dictada por la Asesora de Menores e Incapaces n.° 5 de Capital, doctora Ana Inés Alvira, un representante del Cuerpo de Psicología Forense y el juez de Paz de la localidad en la que se replica.
Fue durante un acto desarrollado el último miércoles. Son la doctora María José Barrero Sahagún y el doctor Fernando Javier Sosa. Además, juró una prosecretaria para la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Capital.
Se constató que arrojaba peligrosos químicos a la vía pública y que la contaminación es continua. Tampoco tenía estudios de impacto ambiental.