Mediante un recurso de casación, la Asesora de Menores e Incapaces N.° 4 de Corrientes, doctora Fanny Romano, logró que el Superior Tribunal de Justicia impugne una sentencia del Tribunal Oral Penal (TOP) N.° 1 que había absuelto a un abusador sexual. Ahora, la causa vuelve a su origen y, con una nueva integración, el tribunal deberá dictar un nuevo fallo.

El 3 de julio de 2017, el TOP N.° 1 absolvió al imputado de un abuso sexual con acceso carnal por falta de acusación del fiscal, quien alegó una insuficiencia probatoria y pidió remitir los antecedentes al fiscal de Instrucción.

La doctora Romano, en representación de los derechos de la adolescente víctima, interpuso el recurso agraviada porque la sentencia consideró que no se encontraba probado –con el grado de certeza requerido– el delito de abuso sexual con acceso carnal bajo amenazas. Según el TOP, la acción debió haberse encuadrado en la figura de estupro,  al considerar que la víctima accedió y dio su consentimiento respecto al acto sexual denunciado. Y que ante la falta de acusación por parte del Ministerio Público fiscal y su pedido de remisión del expediente al Fiscal de Instrucción, a los jueces no les quedó “otro remedio”, que absolver de culpa y cargo al imputado. Incluso desestimó el sostenimiento de acusación efectuado por el abogado del niño.

La Asesora de Menores consideró que ni el fiscal del debate, ni los jueces del TOP  tuvieron en cuenta el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta en el proceso, como tampoco aseguraron el debido proceso y las garantías procedimentales a la joven, al no valorarse sus manifestaciones en las entrevistas psicológicas y en la primera Cámara Gesell (en el 2015) y su pedido reiterado de que se haga justicia, formulado en la última cámara Gesell (en el  2017). “En sus relatos, en ambas oportunidades, fueron claros, coherentes, concordantes y contundentes”, resumió la representante del Ministerio Público Tutelar, quien no obstante se había opuesto a la segunda cámara Gesell, porque advirtió que se corría el riesgo de que con el transcurso del tiempo la joven pudiera no recordar detalles u omitiera manifestaciones hechas en la primera entrevista. Este tipo de situaciones suelen darse con vivencias traumáticas, ya que los niños y adolescentes –como un mecanismo de defensa– se esfuerzan por olvidar las situaciones abusivas.

Con el recurso de casación, la Asesora de Menores sostuvo los derechos y garantías constitucionales de la adolescente. “Como víctima de abuso sexual, con acceso carnal, sufrió un menoscabo irreparable en su honra, dignidad, integridad psicofísica y libertad sexual. Con ese fallo se vieron sistemáticamente vulnerados los derechos constitucionales de la adolescente, no sólo por el imputado, sino  también por el sistema judicial; dado que ante semejante agravio, no tuvo una respuesta judicial oportuna, al contrario fue revictimizada, en un proceso donde no se tuvo en cuenta la perspectiva de género, llegando a cuestionarse la vida personal y conductas de la niña, que nada tenían que ver con el hecho investigado y dejando así impune la conducta reprochable del imputado,  por ausencia de acusación fiscal y por la falta y correcta valoración de las pruebas”, remarcó la doctora Romano.

También la Fiscalía General, al tener que dictaminar sobre el recurso ante el máximo tribunal se expidió en favor de concederlo. “(…) Consecuentemente el suscripto (Fiscal General, doctor César Sotelo) entiende existen elementos contundentes que otorguen entidad suficiente a la condena de M.I.R., asistiendo razón a la recurrente (Asesora de Menores e Incapaces N.° 4, doctora Fanny Romano) respecto a que en la sentencia en crisis no ha existido una valoración de las pruebas basadas en la sana crítica racional lo que llevó a una errónea aplicación de la ley sustantiva, por lo que  (…) este Ministerio Público dictamina por la concesión del recurso de casación impetrado”.

El fallo del STJ, en tanto, sostuvo, entre otros argumentos: “Por lo tanto el valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puedan ser corroborados por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante contraria a los parámetros internacionales en la materia” 

“Cuando hablamos de interés superior, lo que se quiere significar es que los niños y adolescentes víctimas de delitos sean considerados como verdaderos sujetos de derechos, dándoseles la posibilidad de efectivo acceso a la justicia, respetándoseles las garantías mínimas del procedimiento y poniéndolos en plano de igualdad en relación a las otras partes del proceso, permitiéndoles el derecho de defensa, al debido proceso, a participar activamente en el proceso, al derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta; a  fin de efectivizar la tan mentada tutela judicial efectiva y la restauración de los derechos que le fueran vulnerados a las víctimas. El nuevo paradigma judicial penal apunta a que, en todos los casos, se torne la mirada de la justicia hacia las víctimas, que junto con la sociedad, esperan y exigen un juicio justo y una respuesta del sistema judicial a sus derechos vulnerados”, concluyó la doctora Romano.

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