Las fiscalías correccionales y de menores N.°1 y N.° 2 de Corrientes, llevan adelante múltiples causas originadas a raíz de fiestas clandestinas que fueron desbaratadas en Capital, San Luis del Palmar, Itatí, San Cosme y Santa Ana. Entre todas, suman cerca de 1.300 imputados por violación al Artículo 205 del Código Penal, sobre los cuales se avanza con la sanciones penales previstas en la ley.

Ambas dependencias del Ministerio Público Fiscal, cuyos titulares son el doctor Pablo Sosa (N.°1) y la doctora María Andrea González (N.°2), toman desde hace días las declaraciones indagatorias de los imputados, lo cual es obviamente complejo por su gran número, y por las mismas restricciones que impone la pandemia. En la medida de las posibilidades de estas fiscalías, puesto que también deben atender su cúmulo de causas, las audiencias avanzan por videollamadas o, eventualmente, en forma presencial.

En la Fiscalía Correccional y de Menores N.° 2 se sustancia la causa más emblemática y la que más avances registra, a pesar de que suma 303 imputados, porque es la única en que varios de estos solicitaron reparación integral del daño y suspensión del juicio a prueba, tal como lo contempla el Código Penal para aquellos delitos de acción pública cuya pena no exceda los tres años de reclusión o prisión. Es la de la fiesta electrónica en Santa Ana, donde incluso dos de los tres sindicados como organizadores hicieron presentaciones en este sentido.

El criterio adoptado por la fiscal María Andrea González es que quienes ofrezcan reparación integral del daño deban cubrir el costo –cómo mínimo– de tres hisopados al momento del hecho; en tanto, quienes pidan suspender el juicio a prueba deben realizar tareas comunitarias durante un año en alguna institución pública.

En la Fiscalía Correccional N.° 1, a su vez, todavía no se registró ningún pedido de estas características, pero sí hay una causa que se distingue del resto porque se originó en un partido de fútbol.

En todos los casos, cuando la Policía constata una de estas reuniones ilegales a la luz de los límites de la cuarentena, se identifica a los participantes y se les hace fijar domicilio. Luego, se los cita a prestar declaración.