Continuará hoy, de 16 a 20, el curso “Litigación Penal Adversarial en el nuevo Código Procesal Penal de Corrientes (CPP)”, una capacitación exclusiva para fiscales, defensores penales, asesores de menores e incapaces y jueces penales, organizada por la Fiscalía General y la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín” (USI).

El acto de apertura fue encabezado por el Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo, a quien acompañaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez y el ministro de ese alto cuerpo, doctor Eduardo Gilberto Panseri.

Al abrir la jornada, la máxima autoridad del Ministerio Público auguró a los cursantes un “óptimo aprovechamiento” de los contenidos a desarrollar, dada la “calidad académica” y la “gran experiencia funcional” de los doctores Nicolás Ramón Ceballos, Mariana Maldonado y Sandro Abraldes, quienes son juez de Garantías n.° 6 de San Isidro, jueza del Tribunal en lo Criminal n.° 1 del Departamento Judicial Morón (PBA) y fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Crimimal y Correccional de la Capital Federal, respectivamente.

Además, agradeció que la USI pusiera a disposición de Corrientes “tan calificado cuerpo de profesores” para preparar a los recursos humanos correntinos de cara a la inminente implementación del nuevo Código Procesal Penal en la Primera Circunscripción Judicial.

A su vez, el doctor Rey Vázquez, agradeció la invitación del Fiscal General a la apertura del curso, resaltó la calidad de “expertos” de los disertantes y subrayó que esta actividad forma parte de “un ambicioso programa para capacitar a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial y el Ministerio Público” ante el cambio de paradigma procesal penal.

Una vez en el curso, los funcionarios se adentraron en uno de los temas sobresalientes de este primer encuentro, como son las audiencias preliminares que establece el nuevo CPP y en las que residen cambios profundos con respecto al viejo sistema: el juez como tercero imparcial, se hace de la información de las partes a través de la oralidad y ya no a través de la lectura de un expediente, lo que garantiza la inmediación y toma decisiones con base en las pruebas que presenta el fiscal, la defensa y la querella, es decir los “adversarios” (de ahí lo adversarial) en el proceso, los que deben tener igualdad de armas.

Durante la primera jornada, los asistentes se dividieron en grupos –ministerio público fiscal, de la defensa y jueces– y llevaron adelante un rol playing (juego de roles) para simular una audiencia de formalización de imputación y luego una multipropósito en la que se solicitaron medidas de coerción.