Fue la valoración que recogió el Fiscal General de parte de los profesionales de la Universidad de San Isidro que iniciaron la capacitación en “Litigación Penal Adversarial en el nuevo Código Procesal Penal de Corrientes”, y con la que dijo estar plenamente de acuerdo.
El Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo, recibió ayer por la mañana al coordinador del curso “Litigación Penal Adversarial en el nuevo Código Procesal Penal de Corrientes”, doctor Nicolás Ceballos, y a uno de sus profesores, doctor Sandro Abraldes, con el ánimo de dialogar sobre esa capacitación nacida de un entendimiento entre la Fiscalía General y la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín” (USI) para preparar al recurso humano de cara a la implementación del nuevo sistema en la única circunscripción que falta sumarse, la primera (Bella Vista, Saladas, Santa Rosa y Capital).
Consultado al respecto y luego de haber participado el último miércoles de la primera jornada del curso, el jefe del Ministerio Público expresó su enorme satisfacción con el contenido de la capacitación y la calidad de los expositores.
“Al conversar con ellos pude recoger su impresión de que si bien el cambio de paradigma traerá aparejados algunos inconvenientes propios de este tipo de reformas profundas, el potencial que ven en nuestros funcionarios permitirá sortearlos con éxito”, dijo el doctor Sotelo, y añadió: “Y yo coincido plenamente con esa visión”.
Luego, remarcó: “Tomaron nota del entusiasmo y compromiso que existe de nuestros fiscales, defensores penales, asesores de menores e incapaces y jueces y lo consideran un factor decisivo para aplicar el nuevo sistema procesal penal en la circunscripción más grande de la provincia”, sostuvo el Fiscal General.
El doctor Sotelo también quiso agradecer a través de los profesores, incluida la doctora Mariana Maldonado, a la USI, que aportó “la experticia lograda en años de estudio y práctica de otras experiencias provinciales que ya encararon esta modernización del servicio de justicia”.
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Así respondió un pedido de instrucciones por parte de los fiscales que intervienen en el juicio contra el presunto líder del esquema Ponzi, que defraudó a cientos de ahorristas. En ejercicio de sus facultades, invocó razones de interés público para rechazar que prospere una reparación integral.
Dictó una Instrucción General que aprueba el “Protocolo para la Actuación Coordinada de las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal en la Investigación de Delitos”. Es de aplicación inmediata y viene a corregir situaciones que generó la vigencia del nuevo Código Procesal Penal.