Ingresó al Poder Judicial de la Provincia en 1984. Primero fue juez de Paz letrado, en Mercedes, luego –en 1990– fue designado agente fiscal y posteriormente se desempeñó como fiscal de Cámara (hoy TOP). Hasta 2005, cuando asumió como Fiscal General, tras ser propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial. En esa ascendente carrera que ya lleva 40 años, el doctor César Pedro Sotelo cumple hoy 19 años como máxima autoridad del Ministerio Público de Corrientes

De fuertes convicciones e ideas claras sobre la política criminal y lo que debe esperar la sociedad del Ministerio Público, el doctor Sotelo logró en este tiempo fortalecer en todos los sentidos el servicio de este órgano fundamental del estado democrático.

El combate frontal contra quienes quebranten la ley –que le dio relevancia nacional cuando el sistema político provincial crujía por la corrupción– y su política de persecución penal son un sello de estos 19 años como fiscal general, al igual que su compromiso para garantizar el acceso a justicia, en una línea clara que baja hacia todas las dependencias del Ministerio Público.

En sintonía con el Superior Tribunal de Justicia (STJ), brega por la expansión y fortalecimiento del Ministerio Público en toda la provincia, propende a la jerarquización de todos sus miembros, dándole un sentido de pertenencia y compromiso funcional,  siempre en la búsqueda de brindar mejores respuestas a la demanda social de más y mejor justicia.

Férreo defensor de la democratización del acceso a todos los cargos, trabaja desde que asumió en la modernización de las estructuras de fiscalías, defensorías penales y no penales y asesorías de menores e incapaces, anticipándose al rol que hoy tiene el Ministerio Público con el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes (CPP).

Este crecimiento se vio coronado en los últimos años con la entrada en vigencia del sistema adversarial, un avance que ya pertenece a todos los correntinos, pero que tuvo en el doctor Sotelo y unos pocos colegas a verdaderos precursores del debate y la necesidad que había de actualizar el proceso penal, cuando el tema no figuraba en ninguna agenda.

Además, gracias a su desempeño en el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, consiguió dotar a todas las dependencias de equipamiento tecnológico y acercar la experticia de otros ministerios públicos, a través de una capacitación continua de todo el recurso humano.