Ese umbral pasó de 45540 a 132 mil pesos. El doctor Sotelo resolvió así con la reciente actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
El Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo, dictó hoy la Instrucción n.° 50 por la cual actualizó el umbral de ingresos para que las defensorías de Pobres y Ausentes asesoren, representen y defiendan en forma gratuita de aquellas personas que carezcan de recursos para hacer valer sus derechos en juicio. A partir de hoy, ese monto mínimo es de 132 mil pesos.
La máxima autoridad del Ministerio Público dispuso elevar ese monto para evitar que, al haber quedado muy bajo (45540 pesos, fijados mediante la Instrucción n.° 46, del 2022), mucha gente se vea privada de acceder a la jurisdicción.
El doctor Sotelo resolvió así con la reciente actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a la vista, el que fue incrementado por el Consejo Nacional de Empleo, Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil y con la convicción de que “el acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad es un derecho humano, y la situación de pobreza es un dato objetivo para determinar la vulnerabilidad de las personas”, según indica la Instrucción de marras, citando la Sección Segunda, Artículo 7 de las ‘100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad’, adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes mediante el Acuerdo N° 34/10”, expresó el Fiscal General en los considerandos de su instrucción.
Este año es una edición internacional y se realizará en la Facultad de Derecho de la UBA. Entre los panelistas se destacan Juan Mahiques, presidente de la International Association of Prosecutors (IAP); el fiscal federal Diego Luciani, María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH y Ludovic Hennebel, miembro del Comité DESC de la ONU. “La independencia y seguridad de los fiscales”, el tema convocante.
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