Tras el encuentro protocolar, la máxima autoridad del Ministerio Público, doctor César Sotelo, y el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, doctor Juan José López Desimoni, destacaron la importancia de articular políticas y trabajar en proyectos en común para brindar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía.
El Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo, recibió hoy en audiencia al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, doctor Juan José López Desimoni, con quien abordaron distintos temas institucionales, vinculados a proyectos en común que tienen esa cartera y el Ministerio Público, como la violencia de género y lo relacionado a niños, niñas y adolescentes (NNyA).
Tras el encuentro, desarrollado en el despacho del Fiscal General, el doctor Sotelo ponderó las cualidades personales y profesionales del doctor López Desimoni y dijo que ello “representa un aliciente para trabajar proyectos en común que beneficien al conjunto de la sociedad correntina”.
“Este encuentro fue muy importante –dijo el jefe del Ministerio Público– porque ambos entendemos perfectamente la necesidad de articular políticas desde nuestras esferas de responsabilidades para optimizar el servicio de justicia. Conversamos sobre la violencia de género, la situación de niños, niñas y adolescentes (NNyA), la cantidad de fiscales, defensores y asesores que necesitamos, la modernización de nuestros códigos procesales y el acceso a justicia. Todos temas que nos comprometen a dar respuestas acordes a los tiempos que corren”.
A su vez, el doctor López Desimoni agradeció el nivel de apertura institucional de la máxima autoridad del Ministerio Público y sostuvo que la reunión fue “altamente productiva y satisfactoria”.
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Así respondió un pedido de instrucciones por parte de los fiscales que intervienen en el juicio contra el presunto líder del esquema Ponzi, que defraudó a cientos de ahorristas. En ejercicio de sus facultades, invocó razones de interés público para rechazar que prospere una reparación integral.
Dictó una Instrucción General que aprueba el “Protocolo para la Actuación Coordinada de las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal en la Investigación de Delitos”. Es de aplicación inmediata y viene a corregir situaciones que generó la vigencia del nuevo Código Procesal Penal.