Consciente de que el mundo jurídico iba en esa dirección, pero también convencido de que el justiciable de Corrientes merecía una calidad superior en la administración del servicio –su Código Procesal Penal databa de 1971, plena Dictadura Militar–, el Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Pedro Sotelo, encaró desde su asunción misma como máxima autoridad del Ministerio Público, en 2005, una cruzada para modernizar el sistema procesal hacia el modelo adversarial.

Esa convicción bajó a toda la estructura del Ministerio Público y, con el invaluable aporte del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina –que el doctor Sotelo integra desde 2008–, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y otras instituciones y organismos, la Fiscalía General de Corrientes lideró un proceso de cambio cultural acerca de la necesidad de contar con un nuevo sistema procesal que supere al modelo inquisitorio, que ya desde su misma denominación demostraba estar absolutamente perimido. Así se llegó, quince años después, al cambio de paradigma.

Ese camino no fue, sin embargo, sencillo de transitar. Hubo que enfrentar mezquindades e incomprensiones políticas, algunas enconadas e irracionales, que privaron a los correntinos de tener, mucho antes, un sistema procesal que resguarde las garantías constitucionales y agilice las decisiones judiciales sobre la vida y los bienes de los correntinos.

En cuanto foro o medio de comunicación estuvo al alcance, el Fiscal General, doctor César Sotelo, y cada integrante del Ministerio Publico brindaron un argumento tras otro sobre el beneficio que implicaba dejar atrás el vetusto sistema inquisitorio y mudar al adversarial. Hacia adentro, y aun cuando la reforma parecía lejana, se priorizó la capacitación permanente y se proyectó una década la misión institucional, con inversión en recursos humanos, aparatología y nuevas dependencias que pudieran acoplarse sin demasiadas demoras al nuevo paradigma una vez que hubiera nuevo Código Procesal Penal.