A través del dictado de la Resolución N° 9, firmada el pasado 5 de este mes, el Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo, definió nuevas pautas para que el Ministerio Público se acople al servicio de justicia administrada instaurado por el Superior Tribunal de Justicia, que consiste en garantizar su prestación con recaudos para no afectar la salud pública y, en particular, la de los empleados y funcionarios que lo llevan adelante a diario.

Esta resolución aprobó el “Protocolo para el funcionamiento de las Oficinas del Ministerio Público durante el Servicio de Justicia de atención extraordinaria administrada por pandemia Covid-19”, que no es otra cosa que un conjunto de reglas mínimas a utilizar como herramienta en la tramitación de causas y en el desempeño de las funciones pertinentes durante la atención extraordinaria por pandemia del COVID-. Los órganos del Ministerio Público de toda la provincia deberán cumplirlo, de acuerdo a la especial y diferenciada estructura, funciones y dotación de recursos humanos y tecnológicos con que cuentan las dependencias de la Defensa, Tutelar y Fiscal.

Se trata de normas prácticas para la comunicación y/o intercambio de datos con otras dependencias y áreas del Poder Judicial. Por ejemplo, utilizar todos los medios electrónicos a su alcance para la comunicación e interacción, para cumplir con el aislamiento social y evitar la circulación innecesaria de personas en las distintas oficinas.

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