El fiscal general del Poder Judicial, doctor César Sotelo, emitió el último viernes la Instrucción General n.° 52, por medio de la cual dispuso elevar el umbral pecuniario que determinará la intervención de los defensores de Pobres y Ausentes, en virtud de los artículos 36 y 37 del Decreto Ley 21/00, Ley Orgánica del Ministerio Público. A partir de ahora, la pauta para representar gratuitamente a las personas se fijó en $ 271.571,22.

La decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público estriba en la última y más reciente actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que desde el 1 de octubre pasó a esa cifra de 271.571, 22 pesos. ”El acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad es un derecho humano, y la situación de pobreza es un dato objetivo para determinar la vulnerabilidad de las personas”, indicó el Fiscal General con base en la 100 Reglas de Brasilia.

Aquellas personas que no superen ese monto de ingresos ahora estipulado podrán ser representadas, asesoradas y defendidas gratuitamente para hacer valer sus derechos en juicio. La decisión se notificó el mismo viernes, por lo que los defensores de toda la provincia ya aplican ese nuevo parámetro en sus actuaciones.