Una persona damnificada por una defraudación, que denunció el delito ante la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) de Monte Caseros y quienes fueron señalados como sus responsables, alcanzaron una conciliación en los términos del Artículo 36 del nuevo Código Procesal Penal, que ya se aplica en la Cuarta Circunscripción. De ser homologado por el juez de Garantías suspenderá el proceso, pero supeditado al cumplimiento de lo acordado entre víctimas y acusado.

Este entendimiento entre el ofendido y los autores de la conducta delictiva, al ser netamente de contenido patrimonial y sin violencia sobre las personas, permite al Fiscal autorizar un acuerdo de conciliación, que consiste en la devolución en tres pagos de una suma que el denunciado transfirió por medio del home banking, al conocer los datos de la tarjeta de débito de la víctima.

El perjuicio económico para la víctima fue de 20 mil pesos, que los imputados se comprometen a devolver en tres cuotas, una de 10 mil y dos de 5 mil.

El acuerdo fue solicitado al Área de Gestión de Métodos No Adversariales de Resolución de Conflictos en Materia Penal de la Unidad Fiscal de Salidas Rápidas (UFISAR), por el Defensor Oficial Penal de Monte Caseros, doctor Daniel Federico Gutiérrez, quien patrocina a los autores del delito. El pedido, recibido por el Fiscal de UFISAR, doctor Oscar Fabián Soto, responde al conocimiento de que ya había un principio de acuerdo entre las partes. Por lo que el titular de UFISAR autorizó la conciliación y a su vez pidió a la Oficina Judicial (OFIJU) una audiencia con el juez de Garantías para su homologación, la que tendrá lugar mañana.

Si el magistrado así lo hiciese, el proceso en contra del imputado se suspenderá pero atado al cumplimiento de lo acordado. Si se cumple con el acuerdo tal cual fue pautado, a pedido de cualquiera de las partes, el juez de Garantías podrá dar por extinguida la acción penal y archivar el caso. Contrariamente, ante una eventual inobservancia, el fiscal puede reabrirlo, mediante una audiencia con el juez de Garantías, para lo cual mantiene reservado el legajo de la denuncia.