El cálculo del monto de la pena surge de la valoración de las mismas por medio de los artículos 40 y 41 del Código Penal (atenuantes y agravantes), pero también de un criterio al que adhiere el doctor Schmitt como representante del Ministerio Público: tomando en cuenta que la acusación que pesa contra Altamirano es por robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa (en perjuicio de Melisa de los Ángeles Arrúa, que no se consuma por la intervención del joven Maximiliano Aquino) y homicidio calificado en ocasión de robo, en concurso real (dos hechos independientes distintos), debe tomarse cómo válida la mayor de las mínimas contempladas para cada hecho y sumarse ambas máximas para obtener, como resultante, una sola.

Por el robo calificado (artículo 166, inciso 2°), el Código Penal contempla una pena de 5 a 15 años, pero la misma puede reducirse de 1/3 a la mitad por ser en grado de tentativa (3,4 a 7,6 años); en tanto que para el homicidio calificado (artículo 165 del CP), de 10 a 25 años. Esto hace que el rango de la pena que solicitará el Ministerio Público contra Altamirano va de 10 a 32 años y medio.

Además, como acusador público el doctor Schmitt sopesa, para fijar la pena que pedirá al Tribunal y sin perjuicio del pedido que haga el querellante, los antecedentes del imputado, las circunstancias y el modo en que se perpetró el crimen, con base en lo prescrito por los artículos 40 y 41 del Código Penal. “Hay al menos doce puñaladas y cortes, por lo que observamos un modo muy cruel de cometer el hecho. Además, se dio a la fuga. Todo eso debe merituarse para cuantificar la pena. Si se reproducen todas las pruebas habría elementos suficientes para una condena elevada”, señala el fiscal del TOP N° 2.

El juicio se desarrollará en la sala de debates del Edificio Patono, sito en Plácido Martínez 1056, primer piso.