El encuentro se desarrolló el 25 y 26 del mes último en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la UBA, y tiene –puesto que recién se inicia– como principal objetivo una urgente actualización de la ley Penal Juvenil para adaptarla a los estándares internacionales en esta materia, con un enfoque en los Derechos Humanos, puesto que hoy en día los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal son juzgados por la ley 22.278, que fuera sancionada durante la última Dictadura Militar.

La doctora Maciel fue invitada por UNICEF precisamente a raíz de su trayectoria como defensora de los DDHH, y tras la experiencia dijo que entre las deudas que deberá saldar la nueva ley está garantizar que no se bajará la edad de imputabilidad y que sólo en situaciones excepcionales se podrán imponer restricciones a la libertad ambulatoria de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

La funcionaria correntina participó de los paneles de medidas alternativas a la institucionalización, en los cuales una importante conclusión fue la necesidad de tornar operativo la ley de protección integral con el sistema penal de modo de poner en prácticas planes y programas para los niños, niñas y adolescentes (NNA) en conflicto con ley penal, como ser centros de referencia,  casas a medio camino, centros de día, monitoreos territoriales, etc. que ya tienen algunas jurisdicciones, e incluso secretarías dependientes de la Dirección de Niñez destinadas exclusivamente al desarrollo de políticas para  NNA en conflicto con la ley penal.

Además, la doctora Maciel celebró la distribución de la “Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos”, porque si bien se trata de una publicación de 2013, pone al alcance de toda la comunidad un importante cúmulo de información, que va la protección de sus derechos, el acceso a la justicia y la obtención de pruebas válidas para el proceso hasta los relevamientos y la colaboración con organismos judiciales y del Poder Ejecutivo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS) y UNICEF, entidades responsables de dicha edición.

Para que sirva de material de consulta a toda la comunidad y desde luego a los operadores de justicia, el Ministerio Público de Corrientes pone a disposición una edición de esa publicación en formato PDF (Click aquí).

Otro documento que se compartió fue la última actualización, en 2014, del informe sobre “Situación de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales en la República Argentina” (ver aquí).