El viernes y sábado últimos se brindaron los dos primeros módulos de una capacitación para los operadores judiciales de la provincia, dictada por técnicos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas –SEDRONAR– y coordinada por el Fiscal General del Poder Judicial de Corrientes, doctor César Sotelo, y el ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Chaín, denominada “Capacitación Judicial en Políticas sobre Drogas y Problemáticas del Consumo”.
Merced a un entendimiento entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social y su Área de Coordinación en Capacitación y Prevención en el Uso Problemático de Sustancias fue posible acercar esta capacitación multidisciplinaria que contó con las disertaciones del magíster Fernando Ferreyra y la doctora Karina Valenti en el primer módulo, y el doctor Diego Nicolás Rodríguez Pipino, juez de Garantías de Cuarta Nominación de Salta, en el segundo.
Precisamente, el doctor Rodríguez Pipino brindó una breve entrevista para resumir su experiencia al ser Salta la primera provincia argentina en implementar los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD).
-¿Cómo se llega a ser pioneros en la implementación de los TTD en Salta?
-Nuestra Corte de Justicia fue la primera en implementar el plan piloto a nivel nacional. Es un modelo que se trae de los Tribunales de Tratamiento de Drogas de los Estados Unidos, es una práctica que lleva bastante tiempo. Este modelo fue replicado en Chile y es de ahí de donde nuestra Corte pudo observar el funcionamiento y después de un estudio, es que se emite la acordada que implementa el plan en nuestra provincia.
-¿Éste es un paso si se quiere esencial para el cambio cultural de dejar de ver al adicto como un criminal y comenzar a verlo como una persona con problemas de salud pública, un enfermo?
-Sí, como dijo el (vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta) doctor (Guillermo) Catalano, al momento de los primeros egresos de los TTD, es un grano de arena más en esta montaña que es la lucha contra las adicciones y el efecto de las drogas. Es una herramienta más, no la herramienta absoluta, porque el tema de narcotráfico y consumo de drogas tiene muchas aristas, muchas consecuencias, en nuestra sociedad. Así también el delito, todo el catálogo penal tiene muchas consecuencias en nuestras sociedad, pero en este caso la herramienta permite afrontar una causa de muchos delitos. Hay gente que a raíz del consumo puede delinquir con la intención de procurarse medios para el consumo o también tenemos en el aspecto de la violencia intrafamiliar y de género, donde también influye mucho el consumo de sustancias, ya sea estupefacientes o el abuso de alcohólicas. Recordemos que el TTD tiene específicamente el objeto sobre la adicción a los estupefacientes, el tratamiento tanto para eso como para la adicción al alcohol es el mismo, con lo cual es una herramienta que puede aportarnos beneficios en muchos flagelos de nuestra sociedad.
-Usted hablaba de la importancia de articular voluntades entre los distintos actores del Estado para llevar adelante los TTD, ¿qué grado de compromiso deben tener los funcionarios que quieran llevar adelante una experiencia como ésta?
-Además del compromiso funcional que la ley les exige, le da un plus a esto el compromiso humano, de tratar a las personas que se les aplica este tratamiento como personas justamente. Muchas veces, como pasa en muchos trabajos, se van produciendo insensibilidades en los operadores por el volumen de trabajo que tienen y se incurre en un trabajo sistemático y repetitivo, sin dejar de atender la responsabilidad con que se debe cumplir, pero ya es algo como si uno funcionara en automático. Entonces esto es un poco corrernos de la zona de confort de la repetición y volver al esquema de las causas una a una, y como personas, no como un expediente.
-Tanto en la charla como ahora mismo usted habla con mucha convicción y emoción de los logros de los TTD. En lo personal, ¿hay algún aspecto que lo haya movilizado de manera especial?
-Como jueces siempre tenemos la visión de finalización del proceso con la sentencia, no sabemos qué es de la vida de las personas, si esa sentencia va a tener el efecto de resociabilizar o no a la persona en caso de que sea condenatoria. En este caso nos sorprende de antemano un resultado: vemos que es positivo para la vida de las personas, vemos que en muchos casos pueden readaptarse, retomar sus lazos familiares e inclusive su compromiso social. Entonces eso es muy positivo, la verdad que lo anima a uno a seguir apostando por eso.