Con el foco puesto en las demandas sociales con respecto a un sistema de justicia que ya tiene 200 años y requiere de una modernización para brindar respuestas más rápidas, el funcionario advirtió: “El sistema judicial ha quedado desfasado de la realidad. No podemos seguir poniendo parches” dijo, para enumerar cuestiones que empeoran ese cuadro como el incremento de la conflictividad y la consecuente demora en las resoluciones judiciales, y la burocracia excesiva.

Según Garavano, el registro papel que impera en el sistema judicial, importa que gran parte del tiempo y los recursos se gasten en la instancia administrativa, los cuales mediante la creación de nuevos mecanismos podrían destinarse a la instancia de resolución e investigación de los casos. “Los juzgados están saturados, se colman de causas viejas y causas nuevas, con demoras en las resoluciones y muchas causas directamente se archivan por falta de tiempo para ser tratadas”, dijo, y abogó por una desburocratización que permita dar respuestas rápidas y justas.

En relación con esto, se dirigió a los operadores de justicia y pidió dejar de ver las causas como meros expedientes, en cambio los instó a que traten de ver que ellas reflejan la problemática de una comunidad. Y por ello es que se requiere hallar soluciones que sirvan para hacer justicia.

En este sentido, apuntó a una necesidad que en Corrientes cobra todavía más fuerza, dado el atraso en materia de la normativa procesal. “El sistema judicial se basa muy poco en la realidad empírica, necesita la incorporación de la oralidad de los procesos, juicios por jurados, protección de testigos, y otras reformas que generen una justicia accesible pero también rápida”, indicó. Luego, enunció las tres patas sobre la que se asienta la propuesta de Justicia 2020: un mecanismo de presentación de proyectos de ley, acciones y programas del Ministerio de Justicia, y la coordinación de propuestas no solamente en el ámbito nacional, sino también con las justicias provinciales, aunque sin violentar sus autonomías.

Su mensaje al respecto fue que no pretende incidir en los poderes judiciales, sino ayudar a encontrar las herramientas, como leyes y reformas, que permitan que sus protagonistas encuentren alternativas que mejoren el servicio de justicia.

Para estos objetivos, dijo, se debe poner en debate todo el sistema, de modo que es vital la participación ciudadana y el diálogo. Y en esta línea, sostuvo que pretenden que las provincias no sean islas ni bancos de pruebas sino que las propuestas y reformas se concreten en articulación con las propuestas del Estado nacional.

No menor fue el capítulo que el ministro le dedicó a las universidades. Para Garavano, tienen un rol central por ser instituciones formadoras de recurso humano, ámbitos de investigación y además espacios de articulación con numerosos sectores de la sociedad. También son importantes, remarcó, para recoger las demandas de la sociedad, en pos de orientar su accionar hacia el logro conjunto de una justicia más accesible para las personas, y que brinde respuestas rápidas.

“Las universidades deben apostar a formar nuevos recursos humanos con visión transformadora de la realidad y velar por la capacitación continua de quienes ya están en el sistema de justicia”, indicó.