La primera fue en La Plata, donde todos los jefes de los fiscales del país sesionaron por primera vez en el año judicial 2016, para luego asistir a la Capital Federal a reunirse con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Germán Garavano.

Con el funcionario nacional, el doctor Sotelo y sus pares, conversaron y avanzaron en una agenda con fuerte impacto en la labor de los Ministerios Públicos de toda la Argentina. El eje principal del temario fue la continuidad del programa de financiamiento de Laboratorios Regionales  Forenses, de los cuales Corrientes es subsede desde 2012. No menos importante es el fortalecimiento de la cooperación para Programa de Capacitación de fiscales y operadores científicos de los laboratorios, el financiamiento y adquisición de dispositivos electrónicos para el control de agresores en casos de violencia de género y la vinculación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Control de Calidad).

Además, los presentes de todas las provincias analizaron junto al doctor Garavano el estudio de Programas para la protección de víctimas y testigos y se evaluó la aplicación del sistema VICLAS (Sistema informatizado de gestión de información criminal desarrollado por la Real Policía Montada de Canadá y usado actualmente por países como Bélgica, Austria, Holanda y Japón) para la investigación de homicidios y abusos sexuales con cooperación y financiamiento de la cartera de Justicia de la Nación.

En La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, tuvo lugar la primera reunión del año judicial 2016 del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y de la del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos. De la misma surgieron un documento y una decisión con las que los jefes de los fiscales de todo el país dejaron sentada su posición en favor del “imperativo institucional” de mantener la independencia del Poder Judicial.

Dicho pronunciamiento, que se toma “en custodia de ese valor esencial para la protección de los derechos de los ciudadanos”, fue el fundamento para que los miembros de ambos Consejos decidieran constituir en el ámbito de cada uno la Comisión de Seguimiento de la Situación de los Ministerios Públicos de la República Argentina.

La elección de la sede bonaerense para sesionar por primera vez en el año –el Salón de Acuerdos de Verano de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires– no fue casual: los titulares de los ministerios públicos de todo el país señalaron “como causa excluyente, el reconocimiento al extraordinario aporte al desarrollo de los Ministerios Públicos de parte de la Procuradora General de esa jurisdicción, María del Carmen Falbo, unido ello su indiscutido prestigio profesional y personal con que honra a la Justicia Argentina”. Fue un contundente respaldo a la doctora Falbo tras una serie de ataques que sufriera por parte de ciertos sectores de la prensa.

También, los Consejos dejaron en claro el compromiso de sus miembros “con la República, la Democracia y, dentro de ella, con la Libertad de Prensa; es absoluta e incondicional como ha quedado certificado durante años”.

Junto al Fiscal General de Corrientes, doctor César Sotelo, suscribieron la declaración sus pares Enrique Lilljedahl (Catamarca), Alejandro Oscar Moyano (Córdoba), Eduardo Canteros (Chaco), Jorge Miquelarena (Chubut), Jorge García (Entre Ríos), Sergio Rolando López (Formosa), Alejandro Ficoseco (Jujuy), Hugo Montivero (La Rioja), Rodolfo González (Mendoza), Miguel Angel Piñero (Misiones), José Gerez (Neuquén), Silvia Baquero Lazcano (Río Negro), Gabriel Giordano (Santa Cruz), Eduardo Quattropani (San Juan), Fernando Estrada (San Luis), Luis A. de la Rúa (Santiago del Estero), Jorge Barraguirre (Santa Fe), Edmundo Jesús Jiménez (Tucumán), Pablo López Viñals (Presidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos) y Mario Bongianino (titular del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina).