El Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Pedro Sotelo, dispuso por medio de la Instrucción N° 40 incrementar el monto mínimo de ingresos para que las Defensorías Oficiales de Pobres y Ausentes se aboquen al asesoramiento, representación y defensa gratuita de aquellas personas que carezcan de recursos para hacer valer sus derechos en juicio, tal como lo establecen los Artículos 36 y 37 del Decreto Ley 21/00 (Ley Orgánica del Ministerio Público). El mismo se fijo a partir de ahora de $ 6060 pesos, lo mismo que el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Esta decisión actualiza el tope de 3 mil pesos que, desde el 20 de septiembre de 2012, regía respaldado por la Instrucción N° 35. Y entre los motivos que consideró el titular del Ministerio Público para elevarlo se halla la necesidad de evitar que, por superar el monto hasta ahora establecido, mucha gente se vea privada de acceder a la jurisdicción.

El doctor Sotelo adoptó esta medida “teniendo en cuenta que el Salario Mínimo, Vital y Móvil ha sido incrementado por el Consejo Nacional de Empleo, Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1 de enero del corriente año a la suma de $ 6060” y reafirmando así que “el acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad es un derecho humano, y la situación de pobreza es un dato objetivo para determinar la vulnerabilidad de las personas”, según indica la Instrucción de marras, citando la Sección Segunda, Artículo 7 de las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes mediante el Acuerdo N° 34/10.