Su exposición, llevada a cabo el último sábado en el Salón Auditorio del poder Judicial, se centró en la “Jurisprudencia de la CIDH en garantías procesales. Casos Mohamed y Arguelles. Actualidad y Perspectivas”.

Con el patrocinio de la ADEPRA y del Área de Capacitación del Poder Judicial, estas conferencias que arrancaron el 16 de octubre, tuvieron como moderadoras a las doctoras Rita Graciela Pernizza y Nora Maciel, Secretaria Letrada de la Fiscalía General y delegada de la ADEPRA en Corrientes, respectivamente.

La doctora Leite Alvez mantuvo un breve contacto para la prensa, y se refirió, entre otras cosas, a la obligatoriedad de los estados partes para con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, opinó que si bien se conoce “que ahora hay algunos Estados que no están cumpliendo con las sentencias, y otros están intentando también retirarse, es decir que no quieren estar más dentro de la competencia de la jurisdicción de la Corte, las sentencias son obligatorias”, dijo.

En referencia a las consecuencias de no acatar las sentencias sostuvo: “La Corte anualmente hace un informe, que lo presenta a la Organización de los Estados Americanos (OEA), ahí se ve si habrá algún tipo o no de sanción, aunque no ha llegado todavía el momento de sancionar a ningún estado con  eso, pero se le aconseja el cumplimiento y además, cuando no se cumplen las sentencias, el sistema interamericano se pone en duda y si se pone en duda el sistema interamericano, se ponen en duda las democracias. Es un tema muy complejo”.

También se la consultó sobre la experiencia uruguaya con la CIDH. “El espíritu del Gobierno (de la República Oriental del Uruguay) es cumplir con la Corte, es el poder ejecutivo quien tendrá la decisión, incluso si hay que hacer reformas legislativas. Y en este caso, la sentencia de Hellman, por ejemplo, obliga al estado uruguayo que jueces y fiscales sean perfeccionados en derechos humanos, y eso se está haciendo también.

Se le preguntó entonces, si creía que en América Latina se evidencia esta falta de capacitación en derechos humanos. Respondió: “Sí. Hablo de Uruguay, por ejemplo. En la generación mía no la teníamos, porque todos pasamos por las dictaduras militares como en todos los países de la región. Entonces, la materia de DDHH no era una materia. Nosotros, al igual que Argentina, recién en el año 84 ratificamos el Pacto de San José de Costa Rica, que es de 1969. Y hubo todo un proceso para recién poder empezar a hablar de DDHH, porque hubieron leyes de amnistía y demás, igual que en la Argentina. Fue bastante trabajoso llegar, pero hoy en día está instalado el tema. En la Cátedra y en el Poder Judicial”.