Tras su reciente participación en Buenos Aires de última reunión ampliada del año del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el Fiscal General de Corrientes, doctor César Sotelo y sus pares de todo el país suscribieron un documento que se presentó ante el  Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, para indicar la necesidad de una serie de reformas al Código Penal en materia de violencia de género. La propuesta plantea la incorporación de nuevas figuras penales, el agravamiento de otras existentes y la implementación de tratamientos para los violentos. El propulsor de esta idea es el Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, Vicepresidente del Consejo Federal de Política Criminal, que en 2015 aceptó una invitación del doctor Sotelo y llegó a Corrientes para capacitar a los fiscales, defensores y asesores de toda la provincia.

Dicho documento señala sobre el crecimiento de la violencia de género durante el último año, tanto en número como en gravedad, por lo que los firmantes entienden que se requiere de acciones de política criminal, concentrándose en la utilidad del derecho penal como factor esencial de disuasión general y como ámbito de resocialización especial de los violentos. Y advierte que hasta el momento no se reaccionó con una adecuada actualización del derecho penal de fondo, para optimizarlo como mecanismo orientado a confrontar con un flagelo de máxima prioridad.

Además, se aboga porque los fiscales que persiguen penalmente la violencia de género a lo largo y ancho de nuestro país cuenten con un marco legal que guarde mejor correspondencia con el objetivo de terminar con la impunidad en materia de violencia de género, ; su experiencia diaria en un contexto de insuficiencia normativa, nos lleva a señalar la necesidad de que se contemplen nuevas figuras delictivas, que se establezca un orden de agravantes más generalizado y coherente, que se dificulte el cierre de causas por extinción de la acciono y se asegure que la imposición de condenas, sean éstas o no de ejecución efectiva, produzca en los violentos efectos correctivos.