Este lunes, el equipo de la Fiscalía General que coordina la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la Quinta Circunscripción se reunió virtualmente con los miembros de la Unidad Fiscal de Santo Tomé, Gobernador Virasoro e Ituzaingó –titulares de dependencias y secretarios– para repasar las nuevas funciones que tendrá el Ministerio Público a partir del cambio de paradigma, previsto para el próximo 1 de junio.

La doctora Rita Pernizza, secretaria letrada de la Fiscalía General; el doctor Gustavo Roubineau, fiscal de Instrucción N.° 6 de Corrientes; y la doctora María Yerutí Rueda Cángaro, secretaria relatora de la Fiscalía General, remarcaron a los asistentes el nuevo rol y gestiones que deberán desempeñar cuando se active la respuesta judicial ante un delito penal.

En ese sentido, sobresale la bien delimitada separación de funciones entre jueces y fiscales. Ahora, la Policía actúa conforme a los lineamientos y órdenes del fiscal; toda diligencia en la que previamente se necesite la orden del juez, ahora llamado de juez de Garantías (allanamientos, detención) debe ser gestionada por el fiscal del Área de Intervención Temprana, hoy denominado de Instrucción (por ejemplo, la audiencia unilateral así como el diligenciamiento de la orden e instrucciones a la policía).

En estos cambios, cobran particular relevancia las nuevas estructuras del Ministerio Público Fiscal, como la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC), liderada por el hoy Fiscal del Tribunal Oral Penal y a cargo de la coordinación de la Unidad Fiscal de cada jurisdicción o la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), integrada por el o los fiscales de Instrucción y a cargo de llevar adelante las investigaciones preliminares, colectar pruebas, desarrollar una hipótesis del caso e intervenir como acusador en juicio.

En cuanto a la gestión, se evacuaron todas las dudas acerca del alcance del convenio que suscribió el Fiscal General, doctor César Sotelo, y el ministro de Seguridad de la Provincia, doctor Juan José López Desimoni, en agosto del año pasado, y que dispuso un sistema de formularios para que la Policía provincial cargue la información de todo hecho delictivo para que esté disponible de inmediato para las Unidades Fiscales, dado que ahora la no tramita de forma independiente ninguna investigación.