La Defensoría de Pobres y Ausentes N.° 2 de Corrientes consiguió el reconocimiento del derecho a la vivienda de una mujer en extremo estado de vulnerabilidad, por medio de la presentación de una medida de amparo interpuesta contra el Estado provincial y la Municipalidad de Corrientes en 2010, y luego de una larga pulseada judicial que culminó en 2018, aunque recién este año los demandados cumplieron el fallo debido a los plazos normales que debieron seguirse para una obra pública.

En 2012, el Juzgado Civil y Comercial N.° 13 de Corrientes dictó la sentencia N.° 5, por la que ordenó que el Estado de la Provincia en coordinación con la Municipalidad capitalina le brinden una solución habitacional a Mercedes Ruíz Díaz, patrocinada por el Ministerio Público de la Defensa, ejercido en este caso por la titular de la Defensoría de Pobres y Ausentes N.° 2 de Corrientes, doctora Nora Maciel. Un año después, el Superior Tribunal de Justicia debió intervenir ante un recurso de apelación de la Municipalidad de Corrientes contra ese fallo de primera instancia y lo rechazó con argumentos como la Declaración de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, entre otros, dado que la amparista vivía con seis hijos y ningún sustento en una pieza precaria del barrio San Antonio Oeste, la que fue destruida por una tormenta y luego se inundó.

Una vez consensuada la forma y plazos para la ejecución de la obra, la Defensoría de Pobres y Ausentes N.° 2 hizo un seguimiento y controló los planos de la vivienda junto con el Estado de la Provincia para que la vivienda sea adecuada al grupo familiar y tenga los requisitos de habitabilidad establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las Observaciones Generales 4 y 7 del El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos Sociales y Culturales Culturales (DESC).

El 30 de abril pasado, el Estado entregó a Mercedes Ruíz Díaz y sus hijos su casa propia.