Las doctoras Ariela Boruchowicz –responsable del área de NCMEC, Supervisión de informes de Pornografía Infantil; análisis y judicialización– y Marina Borchia, encargada de la Asignación de casos y análisis de reportes sobre explotación sexual infantil, ambas en la órbita del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) están en Corrientes para dictar el Curso “SipAR: sistema de Identificación de Pedofilia”.

El curso comenzó ayer, con una primera jornada de 16 a 20, y continuará hoy en el mismo horario, para capacitar a los operadores judiciales del Ministerio Público de Corrientes en el manejo de herramientas de las que dispone la Fiscalía General al formar parte de la Red 24/7, un ciberespacio creado por el Ministerio Público de CABA para que las provincias argentinas puedan acceder a cientos de miles de reportes que realiza la ONG estadounidense NCMEC (siglas en inglés del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) y así poder actuar ante la comisión de estos delitos contra la integridad sexual de menores.

El ingreso de Corrientes a esa red se dio el 23 de octubre de 2014, cuando el Fiscal General, doctor César Sotelo, firmó un convenio como miembro del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y designó a la UFIE-UDT, que tiene un cuerpo de peritos informáticos, como enlace de la red, para recibir los reportes del área de NCMEC del MPF de CABA y derivarlo al fiscal en turno.

NCMEC se vale de programas que utilizan inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de información y detectar la distribución de material que contiene pornografía infantil. A su vez, mediante softwares, los gigantes informáticos con sede en Estados Unidos como como Facebook, Google y Dropbox puedan rastrear diariamente los millones de archivos que intercambian sus usuarios, otorgando a cada archivo (texto, fotografía o vídeo) un “hash” o código alfanumérico de veinte caracteres. Gracias a ello, cuando alguien copia o difunde alguno de los archivos considerados peligrosos surge una alerta instantánea, que recibe NCMEC y es la ONG quien eleva una denuncia al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En el caso de que la IP sea extranjera, como el caso de Argentina, el organismo de Seguridad Nacional estadounidense deriva el caso al país en el que se registró la IP.