Los doctores Mariana Kieffer y Tomás Ignacio Vaccarezza, secretarios de primera instancia de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –donde la fiscala a cargo es la doctora Daniela S. Dupuy– brindaron una capacitación en Corrientes durante lunes y martes últimos, ante un auditorio repleto de operadores judiciales.

La actividad –Curso Delitos Informáticos – Investigación forense– estuvo organizada por la Fiscalía General de Corrientes y el Programa Nacional de Criminalística (PNC), con la participación del Área de Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, y resultó un rotundo éxito, dado que más de 130 operadores judiciales se capacitaron en esta metodología delictiva que avanza casi al mismo ritmo que las nuevas tecnologías.

Al culminar el curso, ambos brindaron una entrevista a la Oficina de Prensa del Ministerio Público:

-En cuanto a leyes, ¿la Argentina está a la altura del combate que exige la proliferación de los delitos informáticos que traen aparejados los avances tecnológicos?

Tomás Vaccarezza (TV): En materia legislativa, claramente la Argentina ha avanzado notablemente, a partir de la Ley 26.388 que es la primera ley de delitos informáticos, que después se fueron incorporando otras figuras. Lo cierto es que estamos más o menos acordes con las exigencias Budapest, y obviamente en un proyecto de reforma, ampliando esas figuras y agravando algunas penas. Lo que decimos siempre es que el avance de la tecnología ha sido muy evidente estos últimos años, y el poder ofensivo de este tipo de conductas ha variado. Cuando hablamos de ataques a redes informáticas y demás, una cosa era el virus original que atacaba un dispositivo casero, los famosos virus que destruían la información que teníamos en nuestros dispositivos, y ahora pasó a grandes redes, servidores de empresas y llegado al día de hoy pueden ser ataques que destruyan estructuras críticas, donde la tecnología empieza a poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, algunas conductas que están descritas en el Código Penal tienen una pena prevista para el poder ofensivo que tenía la tecnología anterior. Habrá que actualizarla en ese sentido. Es en materia procesal donde tenemos la gran deuda, donde Budapest habla de, por ejemplo, allanamientos remotos, agente encubierto digital, un montón de herramientas que podrían utilizarse y que hoy nos brinda la tecnología y que no se ha avanzado tanto. Algunas provincias sí lo han hecho, los códigos procesales son provinciales, pero si nos fijamos en el Código Procesal Penal de CABA, incluso con una reciente actualización, todavía no ha abarcado esa materia, y el Código Nacional mucho menos. La deuda, más que nada está en materia procesal.

-Ante este panorama, ¿Corrientes está en mucha desventaja para perseguir el cibercrimen al tener todavía un Código Procesal Penal de 1974 y que juzga con sistema mixto?

-El desafío es el mismo que tenemos todos, actualizar todas estas normas, adecuarlas a las nuevas tecnologías, realmente, para estas investigaciones es fundamental el sistema acusatorio, desformalizado, donde la investigación esté a cargo del fiscal y haya un juez de garantías que controle todo este tipo de situaciones, así que en provincias como Corrientes, donde ni siquiera todavía han abordado el sistema acusatorio, la deuda es completa, en ambos sentidos.

Mariana Kieffer (MK): Yendo a la parte procesal, que esto nos pasa a todos, e igualmente, más allá de que no se hayan actualizado las leyes procesales, y los artículos hoy en día están pensados en evidencia física, muchas de las normas procesales pueden ser utilizadas en el marco de lo que puede ser la recolección de evidencia digital. También se pueden realizar ciertas medidas bajo el amparo del principio de libertad probatoria, que está previsto en todos los códigos. Sí hay algunas y ciertas medidas que tienen una injerencia tal en la garantía constitucional que tal vez demanden la inclusión específica en el código. Pero a lo que voy es que no es que no se pueda hacer nada. Si no que las leyes existentes sirven también para recolectar evidencia digital e implementar algunas medidas necesarias en el marco de una investigación por delitos informáticos.

-Los casos de grooming, que van en aumento, y las estafas telefónicas a ancianos, por citar dos ejemplos, ¿demuestran que hay sectores más vulnerables que otros a los delitos informáticos?

MK: Sí, obviamente, la gente que no está tan al tanto de la tecnología por ahí es pasible de incurrir en error o en clickear en determinados lugares para ingresar sus datos, pero es una cuestión de política de que la gente sepa más, tanto de informática como de todo este tipo de delitos. Antes era impensado que uno pudiera ingresar a algo, o que te podían clonar una tarjeta y ahora es absolutamente común. Pero no hay un sector de la sociedad que puede caer en estas maniobras, sino que es cualquier persona. Lo que se utiliza es ingeniería social para que uno piense que está ingresando por ejemplo, al banco con el que opera usualmente.

TV: Está claro que hay un sector de la población que se encuentra ante esta problemática absolutamente vulnerable que son los niños. Obviamente porque prácticamente no existen sus barreras de protección ante un ataque permanente de un adulto que se presentan en las redes y tratan de engañarlos. Los chicos tienen una relación distinta con la tecnología, diferente de la que tenemos nosotros. Ellos tienen como un mundo paralelo, dentro de todo lo que es el mundo virtual y tienen demasiada confianza en la gente que los contacta. En el caso del grooming específicamente, el groomer es un personaje bastante particular, sabe cómo abordar a los niños, sabe cómo manipularlos, establece contactos con amigos del niño que quiere acosar también, lo va rodeando de manera tal que va sacando información, imágenes, si puede imágenes de contenido sexual mejor, hasta que llega a una eventual extorsión.

-¿El groomer está emparentado con el depredador sexual o el que difunde pornografía infantil?

TV: No, el groomer normalmente actúa solo, es una persona absolutamente independiente. Obviamente esas imágenes que ingresan de un menor en actividades sexuales, o exhibiendo sus partes genitales a la red, tienen un destino incierto. Una vez que ingresa ya no se puede borrar y la utilización que se puede ser hacer de eso, puede servir para intercambio con otros pedófilos y a su vez sirve para extorsionar al menor para seguir consiguiendo esas imágenes.

-Hoy en día, ¿la sola tenencia de pornografía infantil es delito en la Argentina?

MK: Exactamente, es una de las incorporaciones recientes a través de la Ley 26.388. Como el grooming. Y otra cosa que nosotros siempre hablamos con relación con los menores y lo que son las redes sociales, la reacción de los padres siempre es ‘te corto todo, no te podés meter en ninguna red, no podés ir a Facebook’. La experiencia nos dice que encuentran la manera de hacerlo, alguien les presta un celular, o consiguen un dispositivo para poder seguir ingresando, la clave es educar de las cosas que pasan en las redes. Que no pierdan su identidad digital, sino que tengan un uso más consciente de la información que suben, las fotografías que suben, de que pueden no saber quién está del otro lado del ordenador hablando con ellos.

-¿La política o sus condiciones de servicio de los gigantes tecnológicos como Google o Facebook (dueño de whattsapp) son útiles para menguar aunque sea en parte la comisión de estos delitos o es una gota en el océano?

TV: Claramente, las empresas éstas que tienen obligación de denunciar son nuestros principales aliados para combatir este tipo de delitos. Lo que tiene es que la internet es inmanejable. Google puede dar de baja una imagen y la vuelven a subir con otra URL y la imagen vuelve a estar cargada inmediatamente después. Entonces es como que es bastante difícil conseguir, una vez que una imagen ingresa a internet, su eliminación total. La colaboración es muchísima, de hecho, hoy sin el sector privado de estas empresas no podríamos ni siquiera iniciar una investigación. Es mucha la ayuda, pero también es muy difícil combatirlo, sobre todo esto que decía de que es casi imposible que una imagen desaparezca de internet.

MK: Hoy en día con las viralizaciones es muy complicado.

-¿Cuál es la mejor estrategia para aquellas provincias que no cuenten con fiscalías especializadas para perseguir penalmente a quienes delincan por medios digitales o electrónicos?

TV: Hay cuatro o cinco tópicos que siempre los señalamos que son: primero, comunicación con el sector privado, no hay forma investigar este delito sin esa comunicación, sea el proveedor del servicio de internet local o las grandes empresas que se encuentran en el exterior. Control parental, que es lo que decíamos recién y es fundamental, y sobre todo lograr que los chicos tengan confianza para poder contar lo que están pasando para poder hacer un abordaje eficiente. Creo que la implementación de un código acusatorio es fundamental para este tipo de acusaciones, con fiscalías si se puede especializadas, con una buena utilización del criterio de oportunidad, que en los códigos viejos no existe. Porque es tanta la cantidad de delitos y tanta la cantidad de información que hay que manejar, que si vamos a tratar de investigar todo, también resulta absolutamente imposible. Hay que seleccionar, ver los casos que son importantes y poner las energías en esos casos para poder llegar a investigaciones exitosas. Lo otro que se requiere, por supuesto, es personal especializado en las áreas de investigación, tanto en fuerzas de seguridad como en el poder judicial. Y un laboratorio con las herramientas necesarias, que son costosas, para poder analizar después toda esa información. El problema es que todo lo que recolectamos, no podemos procesar después y estamos en un cuello de botella, donde no vamos ni para atrás ni para adelante. Es un problema que se da a nivel mundial. Nosotros en Buenos Aires, con el laboratorio mejor equipado de Latinoamérica, seguimos teniendo ese problema. Lo tiene Estados Unidos y lo tiene Europa. Hay que analizar toda esa información, hay una demora en el análisis de esos casos. Por eso es muy importante la selección, organizar esquemas de trabajo, a qué le vamos a dar prioridad  y esto es mano a mano con el técnico: ‘esto se nos demora, ¿qué solución le podemos dar?’ Si como estamos acostumbrados, el primer caso que ingresa es el primer caso que se analiza y el primer caso que vamos a resolver, estamos en un problema, porque el tercer caso pueda llegar a ser mucho más grave que el primero.

MK: Más allá de la especificación de los técnicos, de las herramientas necesarias, no pensar que ingresa un caso y se le da intervención a la fuerza policial especializada, nosotros podemos hacer muchísimas cosas desde la Fiscalía, desde la investigación de fuentes abiertas. Si bien uno puede cursar una petición a una empresa privada, tal vez mucha información que necesite para identificar al autor lo pueda averiguar del análisis de fuentes abiertas. Por eso es fundamental que los operadores judiciales tengan acceso a redes sociales, que conozcan cómo funcionan, para poder hacer una búsqueda y traer información a la investigación sin necesidad de cursar requerimientos a fuerzas policiales o empresas. Es mucho lo que puede hacer el operador judicial.

TV: También hay herramientas que existen en línea que sirven para este entrecruzamiento de datos, tiene que ver con en el análisis de fuentes abiertas, con tener solo un teléfono y poniendo en estas plataformas, estas técnicas permiten saber con qué redes sociales está vinculado, con qué persona, etcétera. Esto requiere capacitación y muchas ganas de los operadores judiciales.