“Ese desequilibrio no se resuelve sólo con la explicación de las sentencias ni en los medios de comunicación” expresó.

Lehmann, quien es sociólogo y Licenciado en Ciencias Políticas egresado de la Universidad Complutense de Madrid (España), disertó en el Panel “La Justicia y los Medios de Comunicación” organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios y el Área de Desarrollo de Recursos Humanos del Poder Judicial. La charla, destinada a camaristas, jueces y profesionales del derecho, contó además con la participación del ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Carlos Rubín; y la presidente de la entidad que nuclea a la magistratura, doctora María Eugenia Sierra de Desimoni.

Lehmann, cuyo tema fue “La Justicia en el Espacio Público”, señaló que la relación entre la Justicia y los medios masivos de comunicación constituye sólo una parte de los desafíos comunicacionales del Poder Judicial. “La radio, la televisión y los diarios no son el único modo en que la gente se comunica, hay otros modos de hacerlo. Asistimos a un proceso de democratización funcional a escala global: los individuos se expresan por medio de mensajes de texto, de blogs, de mails. Todo ello está por afuera de los canales formales de los medios. Y Sobre éstos no hay control alguno”.

Por otra parte, los contenidos que efectivamente se canalizan a través de la estructura de los medios masivos no se basan en la razonabilidad –como sí lo hace el derecho- sino que se asientan en interpretaciones, expresó. “La lógica del hecho objetivo no basta para satisfacer su demanda; la sentencia sola, aislada de los datos de contexto, no alcanza para generar consenso social”.

Propuso que se cargaran a los mensajes emanados del Poder Judicial elementos que lo hicieran creíbles, “que ubicaran al individuo en un contexto familiar”, de manera tal de disminuir la distancia con la comunidad: mientras en una esfera el lenguaje es denotativo, en la otra se maneja uno coloquial y connotativo. Consideró que ello no debía hacerse en detrimento del significado de figuras o institutos jurídicos esenciales. “No se puede explicar a la sociedad que el dolo es igual a la culpa, porque no son conceptos equivalentes, no son reemplazables”.

Respecto de la relación entre los magistrados y los medios, indicó que los jueces no tienen porque ser expertos en comunicación, aunque si saber cuál es su esquema de funcionamiento, como así también conocer cuales son los paradigmas de interpretación del ciudadano.

Lehman puntualizó además la diferencia entre la Justicia como valor y la Justicia como resultado, afirmando que éste constituía uno de los factores por los cuales se generaba el desajuste de expectativas con la sociedad. “La belleza o el amor son valores irrepresentables. Un artista nos puede acercar a ese concepto a través de una obra de arte. ¿Pero, y la justicia? Esta es una fábrica de decisiones con contenidos de Justicia que en determinados contextos son considerados justos o injustos y que no contentan a todos.  Y ver a la Justicia como resultado es verla como el producto del proceso de los tres poderes del Estado”.

El desconocimiento de los ciudadanos acerca del modo de funcionamiento de los poderes deriva en muchas ocasiones en opiniones equivocadas, que generan demandas que no son legítimas, dijo. “Hay una expectativa desmedida en la sociedad de lo que la justicia puede dar”.

Un factor de gran incidencia en el actual escenario es la velocidad de los cambios, lo cual afecta a las instituciones, cuyas autoridades se ven cuestionadas. Pero aclaró que esa situación no se limita a la esfera de la Justicia, alcanza por ejemplo, a los padres en la familia o los docentes en la escuela.

Para el sociólogo el desafío de la Comunicación es sortear esos desajustes y reducir las expectativas, lo que a su juicio se logra acercándose a la sociedad, a los actores involucrados en un reclamo o demanda. “Esa diferencia se ajusta en la cabeza de los ciudadanos y no en las sentencias”.

Propuestas de acción

Lehmann propuso la creación de dispositivos de comunicación suficientes y jerarquizados en el Poder Judicial; trabajo activo en la formación de magistrados y funcionarios en manejo de la comunicación, funcionamiento del espacio público y rol institucional; construcción de canales efectivos de acceso a la información por parte de ciudadanos, medios de comunicación, y organizaciones de la sociedad civil (páginas web, publicación en Internet, reformulación de las mesas de entrada, líneas gratuitas, etc.); y establecimiento de circuitos adecuados de comunicación interna del Poder Judicial.

Bajo la premisa de no subordinarse a la lógica del periodismo y entendiendo que la Oficinas de Prensa no deben caer en el extremo de convertir a la Justicia en el productor periodístico de los medios, Lehmann destacó el esfuerzo conjunto del Poder Judicial de Corrientes y del Colegio de Magistrados en mejorar la comunicación con los ciudadanos.

Publicidad de las sentencias

Por su parte, el ministro Carlos Rubín, ofreció una visión jurídica de la Publicidad de las Sentencias, considerando su difusión como la esencia del sistema democrático.  “El propósito consiste en controlar a los gobernantes para que no abusen del ejercicio de su poder dañando al pueblo, titular de la soberanía”.

Sin embargo, esa publicidad de las acciones privadas de los hombres están exceptuadas si ofenden el orden y la moral pública o perjudiquen a un tercero. Existen además circunstancias exepcionales que rompen la regla e imponen reserva absoluta, lo cual debe constar en el pronunciamiento.

En cuestiones de familia y menores, el doctor Rubin explicó que la preservación de la intimidad de las partes y de terceros puede alcanzar desde la omisión de los nombres hasta la eliminación completa de su publicidad.

“El proceso judicial exige muchas veces que el estado intervenga en cuestiones íntimas de las personas, máxime cuando se atiende al progreso científico en los métodos de investigación, donde la intimidad o los objetos que son depósito de los sentimiento humanos deben ser vulnerados para llegar al esclarecimiento de la verdad, como la exhumación de un cadáver para extracción de ADN”, afirmó. En este tipo de casos se observa la colisión de dos o más derechos constitucionales y su preferencia depende de la protección legal o jurídica que se dispensa a uno u otro, y la preeminencia en los conceptos sociales del momento, así como la compatibilidad de dichos derechos, agregó.

El artículo 164 del Código Procesal Civil consagra el derecho de publicidad, excepcionando los casos que por la “naturaleza del proceso” o “razones de decoro” se declare su reserva, “si afectan la intimidad de las partes o terceros, los nombres se eliminarán de las copias para publicidad”.

El ministro relató el fallo de la Corte Suprema de Justicia en “Kook Weskott, Matías”, que estableció que el artículo 164 no autoriza la supresión del nombre del condenado para la publicación de la sentencia. El fundamento expresa que si bien le podría resultar perjudicial, es producto de su propia conducta generadora del reproche penal. “Estando fuera de la protección constitucional al haber ofendido la moral pública y a los derechos de tercero, siendo condenado por un delito de acción pública (abuso deshonesto) y ante la necesidad de reclamar la publicidad de las sentencias para constatar que los magistrados han cumplido con su obligación de aplicar la Constitución y las leyes y ejerce el legítimo reproche social a quien ha violado el ordenamiento jurídico”.

Rubín señaló que el abogado condenado no fue inhabilitado a ejercer su profesión, “generándole un desafío de un cambio de vida y de actitudes que lo haga merecedor de la confianza de sus clientes, sobre todo en relación a aspectos valiosos de su conducta, que sus clientes pueden conocer, pero que la causa judicial no consideró ni tuvo porque hacerlo”.

Los jueces y los medios

La presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, abordó la relación entre los jueces y los medios de comunicación, enfatizando la tarea de comunicación que ha venido desarrollando esa institución.

Los medios de comunicación han irrumpido en la actividad judicial difundiendo casos que están siendo investigados o juzgados en el Poder Judicial, sostuvo. En esa relación, la magistrada consideró que “El primer gran problema es que se demanda que el juez, ya no se exprese en el lenguaje técnico propio de un jurista sino que emplee un lenguaje coloquial comprensible a la sociedad. Existen diferencias esenciales entre el discurso de la justicia y el discurso de los medios que deben preservarse”.

La doctora Desimoni expresó que el juez puede tomar contacto individualmente con los medios de comunicación, aunque ello implica asumir ciertos riesgos. “La sentencia no puede ser enviada a los medios tal como está en el expediente, sino que debe ser relatada con otro formato, en un lenguaje claro y accesible, que al mismo tiempo sea capaz de transmitir transparencia en los actos de justicia”.

El Colegio de Magistrados cuenta con una oficina de prensa que brinda apoyo especializado a los jueces que deben enfrentar casos mediáticos o novedosos. Explicó que analizado el caso a tratar, se mantiene una entrevista con la agente de prensa, se elabora un documento escrito que es enviado luego a los medios de comunicación. “Lo más aconsejable parece ser limitar en la medida de lo posible los contactos individuales con los operadores de los medios y tratar de canalizar la información que se entienda adecuada, por medio de canales institucionales formales, como lo es nuestra oficina de prensa”.

Para concluir, Desimoni recordó las palabras del ministro de la Corte Suprema Petracchi: “Es imprescindible que en esta nueva relación, jueces y medios de comunicación, no se degrade la función social de la prensa y que exista una relación de mutua colaboración. Desde la justicia, dando toda la información posible y debida, y también en el momento oportuno. Desde la prensa transmitiendo esa información de manera veraz, con la mayor dosis de objetividad posible, y cuidando de no dañar el debido proceso mediante presiones o sentencias mediáticas”.