Expresó el inconformismo del cuerpo para aceptar los 171 millones de pesos presupuestados y argumentó la existencia de errores de cálculo que se aplicaron al momento de determinar los porcentajes.

"El Presupuesto de 171 millones de pesos aprobado por el Poder Ejecutivo es injusto e inequitativo" aseguró el titular de la Corte provincial, quien ratificó una vez más que de ningún modo "los 213 millones planificados por la Justicia son imprudentes, puesto que éstos responden a una planificación técnica que contempla obras de infraestructura, informatización y desarrollo de recursos humanos". Prueba de ello, arguyó, es la ejecución de los fondos, que en el 2007 fue del 99,09 por ciento. Esto es que, la totalidad de los recursos remitidos por el Ministerio de Hacienda fueron destinados a las metas ya planificadas por el Poder Judicial.

"No podemos aceptar ni conformarnos con el monto que se nos ha asignado" agregó el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Advirtió a los diputados que el recorte efectuado por el Poder Ejecutivo significará un freno a las políticas que se llevan a cabo desde el año 2004. Tal es el caso de la puesta en funcionamiento de nuevas instancias del proyecto de informatización; la construcción de nuevas dependencias judiciales que están previstas desde diciembre del año 2004 en la Ley Nro. 5655 y aún no pueden concretarse por falta de fondos.

Destacó que desde el Gobierno de la provincia ha venido remitiendo refuerzos de partidas sobre el cierre de los últimos ejercicios anuales, pero explicó que –si bien éstas eran aceptadas por lo necesarias- iban en contra de la planificación a la que la Justicia está sujeta. "Sobre el filo del año no podemos realizar licitaciones públicas, por ejemplo. Este Poder está trabajando en base a proyecciones de uno o dos años".

Farizano admitió también el "gran paso" que dio el Ejecutivo al manifestar en forma pública que haría cumplir por primera vez la normativa que establece un mínimo del 6,27 por ciento del Presupuesto General de la Provincia para la administración de Justicia. Pero expuso al mismo tiempo la existencia de una serie de errores de cálculo que perjudican seriamente las arcas judiciales.

El artículo 13 del proyecto de ley fijó en 171.556.000 millones de pesos asignados para la Justicia, en tanto que el calculado oportunamente por STJ fue de 213.112.118 millones. La reducción efectuada por el Poder Ejecutivo se fundó en que el presupuesto 2008 presentado por la Justicia ocasionaría el incumplimiento de los artículos 10 y 19 de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal a la que la provincia ha adherido.

Desde el Poder Judicial se señala que ello no es correcto. "No hay razones técnicas ni políticas para hacer hincapié en el cumplimiento de dichas leyes exclusivamente en el presupuesto de la Justicia, cuando en ninguna otra jurisdicción presupuestaria se refiere a la aplicación de esas normas, y que existen otras áreas que superan los parámetros de la ley".

Al determinar como presupuesto el monto de 171.556.000 millones de pesos, el Gobierno entiende que cumple con el porcentual establecido en el artículo 5 de la ley 4420 (de Autarquía del Poder Judicial) en el que se establece el piso de 6,27 por ciento del Presupuesto General de la provincia. Si bien la Justicia destacó la intención de hacer cumplir la normativa, con esa suma asignada ello no se concreta.

El error consiste en restar el Presupuesto del Poder Judicial de la base de cálculo (2.859.301.200 millones de pesos) previo a la aplicación del 6,27 por ciento. El cálculo correcto se debe hacer sobre la base del total de los recursos generales de a Provincia, que ascienden a 3.027.741.41 millones de pesos, por lo que el 6,27 por ciento es 189.837.689 millones de pesos. A esa cifra debe sumarse la fuente 14, por la suma de 2.856.000, lo que arroja un resultado de 192.693.689.

"La independencia económica del Poder Judicial no se consolida con discursos, sino con hechos plasmados en el Presupuesto", afirmó el presidente del STJ. Y añadió: "Esa independencia se traduce en calidad institucional" y solicitó a los legisladores que analizaran los datos presentados en el encuentro.

Asistieron también a la reunión el ministro Carlos Rubín; el Fiscal General, Pedro César Sotelo; la sub-directora de la Dirección General de Administración, María Inés González D´Amico; y el Fiscal de primera instancia, Gustavo Schmith. Para defender el Presupuesto presentado por el STJ al Gobierno provincial también estuvieron presentes  la presidente del Colegio de Magistrados, María Eugenia Sierra de Desimoni; e integrantes de la Comisión Directiva del SITRAJ.