La resolución del STJ establece que los doctores Juan José Cochia, titular del Juzgado en lo Correccional N° 2, y Gustavo Sánchez Mariño, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, integren el Tribunal de Juicio que intervendrá en la causa N° 5081 “Zubieta, Juan Carlos (Comisionado Interventor de la Municipalidad de Corrientes) s/ Denuncia”.
Cochia y Sánchez Mariño deberán resolver en un plazo de tres días las cuestiones de esa causa pendientes de inhibiciones, oposiciones y demás; y en ese mismo plazo deberán conformar el Tribunal con un tercer magistrado. Integrado el cuerpo, se espera la causa pueda avanzar con celeridad.
La urgencia radica en que desde julio de 2007 a la fecha no se ha logrado conformar la Cámara que debe actuar como Tribunal de Juicio en esta causa, lo cual va en contra de garantías constitucionales. Ante esta situación, la Corte Provincial intervino adoptando dos resoluciones. La primera, ya señalada en párrafos anteriores, es la orden de conformación del Tribunal; y la segunda, la de evaluar la conducta de los jueces. Por ello, ordenó el inicio de sumarios administrativos para los jueces que se apartaron e inhibieron que no hubieran observado las normas de rito que así lo autorizan.
La situación fue denunciada ante el STJ por el doctor Miguel Angel Pacella, juez de la Cámara Civil y Comercial N° 2, quien había resultado sorteado para conformar la Cámara Criminal N° 2 en su carácter de Tribunal de Juicio. El magistrado formuló oposiciones a las inhibiciones planteadas por los jueces anteriores y señaló irregularidades que acarrearían la nulidad del procedimiento que desembocó en su propia designación.
En la causa, iniciada por el entonces comisionado interventor de la Municipalidad de Corrientes, Juan Carlos Zubieta, se le imputan al ex intendente Raúl Rolando Romero Feris, y a los ex funcionarios municipales Lucia Plácida Ortega, Manuel Alberto Magran y Jorge Isetta, los delitos de peculado y uso de documento privado falso por la creación y funcionamiento de un Fondo Especial reparar instalaciones en la agrupación militar “Santa Catalina” con destino a para evacuados de las inundaciones. Los cuatro imputados tienen auto de procesamiento firme y auto de elevación a juicio firme.