El magistrado se refirió al tema tras varios siniestros viales ocurridos durante la feria judicial, sobre los que particularmente prefirió no opinar ya que podría intervenir en el juzgamiento de esas causas. Pero si consideró oportuno explicar que la participación u organización en pruebas de velocidad o destreza efectuadas sin permiso de las autoridades competentes constituye un delito.

“No interesa si se producen daños leves o graves a la integridad física de terceros, el delito se constituye al colocar a los individuos en una situación peligrosa” sostuvo. La norma alcanza también a quienes organizan y promocionan la participación en estos eventos con automotores no autorizados como a los que facilitan su realización con la entrega de vehículos para que éstas se realicen.

La actitud de desaprensión por parte de quienes realizan estas pruebas de destreza o velocidad es lo que llevó a los legisladores a proteger la seguridad física del individuo, dijo el juez, recordando casos resonantes en Capital Federal. Así, desde abril de 2008 se incorporó al Código Penal el artículo 193 bis, que se refiere a las picadas. Anteriormente, éstas eran consideradas una contravención, una falta administrativa.

Las penas por cometer este delito van desde los seis meses a los tres años de prisión y la condena varía en todos los casos según los antecedentes penales del conductor, la situación concreta del hecho y el grado de instrucción y cultura de quienes lo comenten. “Será el juez que intervenga quien evaluará si hay elementos para llevar la causa a juicio y el Tribunal que juzgue el caso analizará si efectivamente se comprobó el delito”.

“Respuesta inmediata a la comunidad”

A partir de la asignación de nueva competencia funcional de los Juzgados en lo Correccional, establecida por Acuerdo 37/08 del STJ, las picadas pasan ser investigadas por estas dependencias y dejan de ser órbita de los Juzgados de Instrucción.

Respecto a ese punto, el doctor Cochia, al igual que lo había hecho su par la doctora Gabriela Aromí de Sommer, jueza en lo Correccional N° 1 y el doctor Alejandro Chain, fiscal en lo Correccional y de Menores N° 2, evaluó esta experiencia de modo positivo.

“En el estreno del turno de diciembre, ingresaron entre 800 y 900 expedientes, lo que significa una reducción de causas en los Juzgados de Instrucción del orden del 50 al 60%. Es una cifra relevante porque en esas dependencias pasan a dedicarse a la investigación de delitos más graves”.

“Hemos tenido varios casos de desalojo y de violencia familiar en los que a partir de medidas precautorias se ha dado una respuesta inmediata a la comunidad. Creo que eso es sumamente importante porque muchas veces se trata de hechos que son la antesala de delitos más graves”.