Adhesión a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad
El Superior Tribunal de Justicia adhirió a las 100 Reglas sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, una serie de normas que promueven la efectiva defensa de los derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Estas Reglas fueron aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasil.
Por Acuerdo N° 34/10, los integrantes del Alto Cuerpo resolvieron adherir a este conjunto de normas cuyo objetivo central es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.
Esas Reglas fueron aprobadas en el primer semestre del año 2008, cuando se celebró la Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil. Meses después comenzó recomendarse su implementación por parte de los máximos Organismos Jurisdiccionales de los países integrantes del MERCOSUR, como así también a los distintos Superiores Tribunales o Cortes de Justicia de las distintas Provincias. El bloque de Defensores Oficiales del MERCOSUR, compuesto por distintos miembros institucionales y asociativos de las Defensorías Públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, fue el organismo encargado de efectuar esa promoción.
El Superior Tribunal de Justicia consideró ese conjunto de normas como un “valioso instrumento” en materia de acceso a la Justicia, y tras la adhesión –en cuanto resulte procedente- como guía, se comprometió a perfeccionarlo, sobre la base de la debida adecuación entre objetivos y medios en uso disponibles para alcanzarlos.
De hecho, la Corte ya ha venido adoptando decisiones en ese sentido, disponiendo -entre otras medidas- formas alternativas de resolución de conflictos mediante la creación del Centro Judicial de Mediación; instrumentando un sistema de preservación de los Niños, Niñas y Adolescentes en actos judiciales a través de la Cámara Gesell; estableciendo equipos interdisciplinarios conformados por profesionales especializados en distintas áreas; comenzando con la distribución de la tarea referida a la asistencia legal y defensa pública entre los Funcionarios del Ministerio Público encargados de ejercerla; incorporando nuevas tecnologías; y fomentando el estudio e investigación mediante la suscripción de convenios de colaboración con instituciones académicas y universitarias.