La iniciativa se basa en un acuerdo de cooperación institucional entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Justicia y DDHH y el Ministerio de Seguridad, y busca adhesiones hacia el interior del país, de manera de monitorear el territorio argentino.

Entre las funciones del Plan se cuentan: individualizar las manifestaciones de criminalidad más frecuentes y lesivas, comenzando por las que ofrezcan las estadísticas oficiales y previendo para el futuro la aplicación de técnicas apropiadas que incluyan el estudio de la denominada cifra negra de la criminalidad; priorizar estudios sobre hechos que afecten en forma directa la vida y la integridad física de las personas; colaborar en la capacitación del personal que se encargue del relevamiento de datos, para unificar metodología y mejorar la calidad de la información. También investigar la dinámica de la imagen pública de la delincuencia, de las instituciones de prevención y represión y de su eficacia, y contribuir en la implementación del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SNEJ) desarrollado por la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y legislación penal del Ministerio de Justicia y DDHH.

La información recabada será administrada por un Consejo Asesor integrado por un Ministro de la CSJN y un representante de cada Ministerio. Este Consejo se ocupará de la coordinación de los relevamientos y guarda de la información.

Concluida la etapa de investigación exploratoria se profundizará en los núcleos problemáticos detectados mediante investigaciones sectoriales.