El Fiscal General del Poder Judicial de Corrientes, doctor César Sotelo, respalda su par, la Procuradora General de Rio Negro, doctora Silvia Baquero Lazcano, en un conflicto suscitado entre la funcionaria y la Corte de esa provincia.

La doctora Baquero  Lazcano declaró el 20 de octubre el estado de emergencia de varias Defensorías de Pobres y Ausentes, de Defensorías de Menores e Incapaces y de Defensorías el Fuero Penal en localidades del interior de Río Negro, estableciendo que por un lapso de 60 días sólo se atendieran las urgencias y se reprogramaran tramitaciones, audiencias, visitas y otras intervenciones procesales. Argumentó que la medida “no era caprichosa”, sino que tenía fundamento en los numerosos reclamos recibidos por la Procuración General acerca de la escasez de recursos en ese Ministerio Público.

Posteriormente el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro resolvió dejar sin efecto esa declaración y exhortar a la Procuradora General para que instruya a los Defensores de esa provincia a continuar trabajando conforme a las disposiciones constitucionales y legales.

Ante esa situación el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina fijó postura, expresando públicamente que “creían que existe una “tentación” por parte de los jueces de inmiscuirse en el trabajo de los fiscales”, recordando que tanto Procuradores como Ministros o Vocales de la Corte “poseen la misma jerarquía institucional”.

“No habrá un salto de calidad si se desconoce la autonomía del Ministerio Público”, manifestó Eduardo Quattropani, procurador de San Juan, agregando que: “Quien se opone a la autonomía se opone al tránsito hacia el sistema acusatorio”.

Pese a la situación de conflicto institucional, Baquero Lazcano apeló al “buen dialogo” con los vocales del STJ.

Funcionarios de Río Negro, Neuquén y Chubut defendieron la independencia del Ministerio Público y convocaron a una asamblea extraordinaria con los procuradores de todas las provincias para principios del año próximo.