La advertencia del Superior Tribunal de Justicia se produce luego de las falencias constatadas a través de durante los períodos judiciales 2007-2008 y los relevamientos efectuados por la juez de Ejecución de Condena, doctora María Teresa Zacarías, quien periódicamente recorre las unidades de detención.
Con respecto a la Unidad Penal N° 1, la magistrada comprobó que el Ministerio de Gobierno y Justicia no inició obras para mejorar la situación edilicia del penal, tras la intimación efectuada por el Alto Cuerpo el 18 de diciembre último.
La Corte Provincial ordenó en esa fecha al titular de esa cartera y al Ejecutivo (Acuerdo N° 42/08, del 18/12/08) que “hicieran cesar toda eventual situación de agravamiento de detenciones que importen un trato cruel, inhumano o degradante”, debiendo informar cada veinte días sobre las medidas adoptadas para solucionar los problemas de cárceles y comisarías.
Sin embargo, tras acercar un inicial listado de obras y trabajos planificados –sugiriendo además la construcción de un nuevo un complejo carcelario-, no presentaron los informes requeridos.
A excepción de la reparación de cloacas del sector que aloja a menores adultos, la Juez de Condena constató en forma fehaciente que no se produjeron modificaciones sustanciales a las ya descritas en ese informe del 2008.
Por tanto, el STJ advirtió (Acuerdo N° 10/09, del 10/04/09) al Ministerio de Gobierno y Justicia y al Ejecutivo que poseen un plazo de quince días para comunicar si han dado cumplimiento a lo ordenado y, en su caso, la planificación prevista y medidas realizadas. De lo contrario, la Corte Provincial haría efectivo el apercibimiento.