Los magistrados plantearon su preocupación por el aumento de la litigiosidad, indicando que aproximadamente en un turno de 15 días  ingresan entre 800 a 1000 nuevas causas en cada uno de los seis Juzgados de Instrucción que funcionan en la Capital.

Propusieron además modificar el actual sistema de subrrogancias, el cual -explicaron- no los favorece, explicando que lo ideal para ellos sería que la subrogación en primer término estuviera a cargo de los Juzgados Correccionales.

Por otra parte, pidieron un aumento en el número de personal administrativo y de secretarios relatores. En ese sentido, se les respondió que por el momento ello es inviable habida cuenta de lo ajustado del presupuesto asignado al Poder Judicial en el actual ejercicio, aunque quedó abierta esa posibilidad para el año 2009.

El doctor Farizano reconoció la inquietud de los magistrados, y manifestó que “no existía una única solución a los problemas comentados” sino “que debían tomarse una serie de medidas”, de las cuales sólo algunas dependían del Poder Judicial.

El presidente del STJ se mostró permeable a trabajar en forma conjunta para avanzar en un proyecto que permita la tramitación ágil de las causas denominadas “de autores desconocidos”. Estas se refieren a delitos cometidos sin que los perjudicados puedan identificar a los autores (robos de vehículos o ciclomotores por ejemplo). En la actualidad se estima que el 50 por ciento de las causas que ingresan a los Juzgados de Instrucción corresponden a esta clasificación.

El doctor Farizano dejó en suspenso la opción de emplear la figura de los jueces sustitutos en los casos de que existieran vacantes o licencias prolongadas. Y ratificó la política -llevada adelante por la actual gestión- de limitar la jurisdicción de la Capital. Por ejemplo, se ha creado un Juzgado de Instrucción y Correccional en Saladas, y se encuentra en avanzado estado uno de idénticas características en Santa Rosa, de modo que las causas se tramiten allí y no en la capital correntina.

Sin embargo, hay cuestiones de fondo que no competen al Poder Judicial sino a las Cámaras Legislativas y que inciden directamente sobre la investigación penal: el proyecto de reforma del Código Procesal Penal fue presentado en el año 2004 y pasado a archivo años después. Este año se lo ha reflotado, sin lograr que la Comisión de Legislación se expida al respecto.

“La preocupación por la calidad de la investigación penal no es nueva” aseguró el doctor Farizano, para luego informarles que en pocas semanas más está prevista la inauguración del nuevo Instituto Médico Forense, un edificio con tecnología única en la región que permitiría mejorar “sustancialmente” las causas en ese fuero.

Los magistrados –participaron Beatriz Agrasso de Caballero, Juan Manuel Segovia, Mario Alberto Alegre, Laura Varela y Graciela Ferreira- se retiraron conformes del Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, asegurando ambas partes la continuidad de sucesivos encuentros.