El cuerpo de asistentes sociales del Poder Judicial elevó al Juzgado de Instrucción N° 1 el relevamiento realizado en el predio del barrio Pirayuí. El informe da cuenta de grupos familiares con graves carencias materiales y de ingresos, y reflejaría la inexistencia de organización social de base y política que hubiera alentado la migración masiva concretada.
Las asistentes sociales del Cuerpo de Servicio Social Forense del Poder Judicial elevaron el miércoles a última hora a la doctora Beatriz Agrasso de Caballero el relevamiento realizado en el predio del barrio Pirayuí en el cual se han asentado cientos de familias.
Las profesionales, que se constituyeron durante la feria en un Comité de Crisis a partir de una disposición del Superior Tribunal de Justicia, remitieron también copia del informe al Alto Cuerpo, por su relación de dependencia administrativa.
El relevamiento da cuenta de 600 familias, con un promedio de 3 de hijos, las cuales en su mayoría “presentan características de pobreza estructural y por ingresos”, lo cual a su vez determina “graves carencias materiales, y limitan el acceso de sus integrantes a bienes y servicios básicos”.
Esa realidad, motiva la movilización masiva de las familias que se instalan en el predio dando cuenta de “la falta de acceso a un derecho básico como es el de la vivienda digna”, y “las expectativas de los ocupantes de obtener solución a su problema habitacional priorizando su necesidad sentida por sobre las formas y normativas”.
El informe revela además que “el conocimiento de la existencia de los terrenos vacantes se produce a través de informaciones provenientes de vecinos, familiares y de la propia observación espontánea y directa de las personas en su gran mayoría, lo que reflejaría la inexistencia de organización social de base y/o política que alentara la migración masiva concretada”.
Además, el relevamiento realizado entre los días 13 y 14 de julio contiene los nombres, apellidos, edades, estudios cursados y terminados de los mayores de edad, y su situación habitacional, la cual está siendo contrastada con las bases de datos del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO).
La causa fue iniciada por Urbano SA y Guarani SA. por el delito de usurpación ante el Juzgado en lo Correccional N° 1, que era la dependencia habilitada en período de feria. Allí volverá a radicarse la semana entrante cuando reinicie la actividad normal del Poder Judicial. Este informe será evaluado por el magistrado natural para determinar la existencia de responsabilidades penales en los hechos investigados.