Anualmente, el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes elabora una Memoria que es remitida al Poder Ejecutivo y al Legislativo de conformidad con los preceptos  Constitucionales, con el fin de poner en su conocimiento la actividad desarrollada tanto en el ámbito administrativo, como en el estrictamente jurisdiccional. El documento da cuenta también de los objetivos que no pudieron ser alcanzados y las razones que motivaron su impedimento.

La política diseñada por la actual integración del Superior Tribunal se asienta sobre tres aspectos entendidos como base para el crecimiento del mismo y el desarrollo del nuevo concepto con que debe ser apreciado en su diagrama institucional. Esos aspectos son la infraestructura edilicia, la informatización y los recursos humanos.

En relación a la Infraestructura Edilicia -y dentro del esquema presupuestario expuesto- se trabajó para consolidar lo que se ha venido realizando e incluso avanzar de modo tal que ya en la ciudad de Corrientes no existe dependencia judicial que no esté instalada en un inmueble propio. En la Capital, se han dejado de lado los edificios alquilados con la seguridad que ello implica en todo sentido. El mismo objetivo se tiene para el interior de la Provincia pudiendo ser apreciado este lineamiento con los Juzgados de Paz de distintas localidades, y sedes como Goya, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Mercedes, Ituzaingó.

Se efectuaron obras de infraestructura nuevas en materia edilicia, se continuaron con las iniciadas, dotando a Magistrados, Funcionarios y Agentes de las condiciones de seguridad y comodidad absolutamente necesarias para el mejor cumplimiento de sus obligaciones. La Dirección de Arquitectura realizó un gran esfuerzo para posibilitar el funcionamiento parcial de la estructura que corresponde al Fuero Contencioso Administrativo, hecho que había sido postergado en junio pasado por no contarse con presupuesto mínimo como para ello.

En materia de Informática se integró judicialmente a la Provincia, desarrollándose a lo largo del 2010 tareas vinculadas con la implantación de programas y sistemas que tiendan a consolidarlo. Apoyados en la macroestructura, estos permitirán la evolución constante que esta área demanda, puesto que en esta materia ya no hay retorno posible. Además, se continuó con  la transferencia de tecnología y capacitación para soporte a usuarios con el propósito de obtener los mejores réditos a las bondades que presenta el IURIX.

En materia de Recursos Humanos se consiguió aumentar la dotación en cuanto a Funcionarios y Agentes Administrativos y de Maestranza, dando así respuestas mínimas a las requisitorias de las distintas dependencias judiciales. Pudo también implementarse el proyecto de redistribución de cargos administrativos, y se efectivizaron más de mil movimientos escalafonarios, lo cual representa esto una mejora salarial para más de setecientos agentes. Esta actividad se llevó adelante mediante la realización de concursos lo que también demandó erogaciones que se cubrieron, en algunos casos, postergando proyectos que se entendieron de menor urgencia.

La deuda más grande estuvo en la imposibilidad de cumplir con la puesta en funcionamiento de dependencias que, creadas por ley, no cuentan todavía con los recursos necesarios como para funcionar. Ello impidió la incorporación de recursos humanos en la medida que hubiera sido deseable. La Justicia trabajó en base a un cálculo de recursos prorrogado, con refuerzos de partidas que se obtuvieron en el segundo semestre, permitiendo esto último cerrar el ejercicio en forma ordenada. Pero la situación presupuestaria del ejercicio 2010 no distó en lo esencial a lo acontecido en el año anterior.

Sin embargo, en ese punto vale destacar que las relaciones institucionales con los otros Poderes del Estado Provincial tuvieron durante este período un cariz distinto al de años precedentes. Esto fue analizado desde la óptica judicial como altamente positivo ya que posibilitó contactos permanentes que facilitaron la previsibilidad de la gestión institucional.

El Poder Judicial es sanamente ambicioso para el presente ejercicio. Es consciente que cada día crece la demanda de justicia, y de ahí la preocupación de quienes integran el Superior Tribunal en lograr un presupuesto acorde con esta demanda. Si la buena disposición demostrada por el Poder Ejecutivo en el diseño del actual Proyecto se cristaliza con la correspondiente sanción legislativa, de seguro en los  próximos años se avanzará con nuevas concreciones y planes cuyo único objetivo es el de dotar a la Provincia de una estructura judicial digna de los tiempos que corren. 

A pesar de los problemas que se suscitaron el Poder Judicial no retrocedió, tampoco se detuvo; y para el 2011 avizora, no la solución de todos los problemas, pero sí la posibilidad de encararlos en forma coordinada con los otros sectores públicos, abandonando la idea de compartimientos estancos; lo que seguramente redundará en una más ágil y eficiente Administración de Justicia.