El 27 de febrero pasado un hombre violó una orden de restricción de acercamiento a su ex pareja en San Luis del Palmar. A menos de dos meses de cometido el delito, la causa fue elevada a juicio oral por la jueza de Garantías doctora Graciela Ferreyra, convirtiéndose así en el primer caso de Capital que logra una resolución tan expedita.
Al llegar a su casa en la madrugada del lunes 27 de febrero pasado, una mujer encontró a la ex pareja en el interior de la vivienda. Este la sacó a empujones y cerró la puerta del domicilio. La policía lo aprehendió más tarde.
Sobre el hombre pesaba una orden de restricción de acercamiento y aproximación a la casa o persona dictada por la Jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 en otra causa. El hecho fue calificado por el Fiscal doctor Pablo Sosa como desobediencia judicial, previsto en el art. 239 del Código Penal.
La doctora Graciela Ferreyra, Jueza de Garantías, realizó una audiencia de control de pruebas concentrada en la que participó además de la Fiscalía el Defensor Oficial de UDEFO doctor Roberto Santiago Gil Iglesia y el propio imputado.
El 20 de abril la magistrada admitió las pruebas tanto del Fiscal como la Defensa y dictó la apertura de juicio oral, al que le corresponderá la actuación del Tribunal de Juicio Unipersonal por el tipo de delito.
Así, a menos de 2 meses de cometido el hecho, el caso recibió tratamiento y resolución veloz, uno de los principios que establece el nuevo Código Procesal Penal. La norma rige en la Capital desde el 8 de noviembre pasado.
Las estadísticas del año 2022, que culminó con la implementación total del nuevo Código Procesal Penal, exponen la celeridad de los plazos en los procesos penales y el trabajo de los jueces, fiscales y las Oficinas Judiciales.
La Jueza de Garantías, doctora Graciela Ferreyra, dispuso la prisión preventiva por 180 días para Daniel Acevedo, imputado por la muerte de su pareja, Alba Ricotti. Su detención continuará en el establecimiento penitenciario Unidad Penal N° 6 “Gral. San Martín”.
En coordinación con la Oficina Judicial, dos magistrados pusieron en práctica los principios de celeridad, plazos acotados y respeto a las garantías de un menor de edad al resolver en una mañana la situación de un adolescente de 17 años imputado por supuesto homicidio.