La sentencia N° 22/ 16 del fuero amparo lleva fecha del 7 abril pasado y cuenta con las firmas de la totalidad de los Ministros de la Corte Provincial.

La causa llegó en apelación al STJ luego de que Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral dictara la sentencia 309 que, al desestimar el recurso de apelación interpuesto por el I.O.S.Cor., confirmó la procedencia de la acción de amparo, y le ordenó cubrir el 100% de los gastos que irrogue la asistencia a J.C.C. de una maestra integradora durante la jornada escolar completa, así como en los grados sucesivos, en la medida que así lo aconsejen los profesionales médicos.

La Cámara destacó que la discapacidad del menor de edad no fueron controvertidas y por lo tanta gozaba del trato diferenciado en el marco de la  Ley Nº 24.901, sobre el Sistema de Prestaciones Básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

Por su parte el Instituto de Obra Social de Corrientes cuestionó la inexistencia de ilegalidad para la procedencia de la acción intentada, toda vez que todos los actos dictados por ese órgano administrativo fueron debidamente fundados; que era el Ministerio de Educación provincial el que estaba obligado a brindar lo solicitado y que el I.OS.Cor. a través de la resolución 1733 (PRODISPER) preveía la cobertura de maestra integradora con relación a discapacitados -como terapia de rehabilitación en gabinete multidisciplinario y con finalidades médico terapéuticos de rehabilitación- en centros de salud autorizados por el Ministerio de Salud. También sostuvo que no se había acreditado la falta de recursos económicos para costear el pago de la maestra integradora.

El votante en primero término, doctor Luis Eduardo Rey Vazquez, sostuvo que el recurrente no logró demostrar la pretendida violación o aplicación errónea de la ley, limitándose a manifestar su mera discordancia con los fundamentos expuestos por la Cámara y la decisión adoptada en función de estos. En tanto, la Cámara  explicitó la forma en que el acto lesivo proveniente del I.O.S.Cor resultaba atentatorio con las normas constitucionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud y a la educación.

Indicó el Ministro que la denegatoria del Instituto demandado aparecía a todas luces injustificada y arbitraria, ya que estaba comprobada la discapacidad de J.C.C. y se había tenido en consideración lo aconsejado por el Médico Pediatra, la Psicopedagoga y el Psicólogo Forense acerca de la necesidad de que el niño fuera  incluido en un establecimiento educativo común acorde a su edad con el acompañamiento de una “maestra integradora” para su integración.

“De tal manera que el acompañamiento del menor de edad por una maestra integradora para su pleno desarrollo educacional en un establecimiento común acorde a su edad, se encuentra indicado como necesario de acuerdo a los informes de los profesionales anteriormente nombrados, transformándose esa necesidad, en base a las normas locales e internacionales citadas, en una obligación del Estado para garantizar a ese universo de personas la atención integral de la salud orientada a la prevención, rehabilitación y educación”.

(Foto Ilustración)