El encuentro en el cual se enmarcó la firma del convenio se realizó en Capital Federal y contó con la presencia de la doctora María del Carmen Falbo, Procuradora de la Suprema Corte de Justicia bonaerense e impulsora de la iniciativa; el doctor Anibal Fernández, Jefe de Gabinete; Julio Alak, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la doctora Liliana Piccini, presidente del Consejo de procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores de Argentina.

Por la Justicia correntina estuvo presente el Fiscal General, doctor César Pedro Sotelo, quien destacó el impulso a la investigación que recibirán las fiscalías del país con la instalación de estos nuevos laboratorios forenses. 

Estos centros serán de carácter regional y permitirán procesar las evidencias de las investigaciones, permitiendo integrar de forma federal a los fiscales de todas las jurisdicciones. Los peritos ya no dependerán de las policías provinciales y fuerzas de seguridad nacionales, sino de expertos forenses de los poderes judiciales. Los laboratorios podrán compartir información y bajar datos de otras circunscripciones, sobre todo para delitos complejos como la trata de personas.

La inversión será de 15.000.000 de pesos, los cuales serán aportados por el Gobierno Nacional en un plazo de 60 días. Los primeros laboratorios se instalarán en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro y Salta.

En el caso de Corrientes, cuyo Poder Judicial cuenta ya con un Instituto Médico Forense, la ayuda económica servirá para complementar los equipos existentes.

Inédito

María del Carmen Falbo sostuvo en declaraciones a los medios que se trata de un hecho “inédito” ya que éste constituye el primer proyecto federal de investigación criminal que permitirá trabajar de forma interjurisdiccional. “Entendemos que los delitos se han complejizado y no pertenecen a la región sino que son interprovinciales, por lo que con esta iniciativa estamos dando respuestas a la sociedad que las reclama”.