La investigación había sido impulsada por el Superior Tribunal de Justicia, en base a un informe elaborado por la instrucción sumarial. Si bien en un principio la acusación radicaba en la tramitación de gran cantidad de causas federales y en el aumento de expedientes de guardas con fines de adopción a partir del año 2010; este último hecho no prosperó.

El Consejo de la Magistratura entendió que el magistrado se había extralimitado en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales al dictar medidas cautelares contra el Estado Nacional y organismos federales, en causas ajenas a su competencia; evaluándose si es estaba frente a un caso de “forum shopping”, en el que el justiciable elige el tribunal en función de la ley que éste aplicará. Los miembros del Cuerpo hicieron notar además que De Biase, teniendo conocimiento del encuadre que había recibido ese tema en el juzgamiento político de la doctora Beatriz Duarte, tramitó a cuatro nuevas causas en diciembre del año 2010.

En su defensa, el magistrado aseguró que cumplía con el mandato constitucional de viabilizar el pronto y ágil acceso a la jurisdicción de los ciudadanos y que no impuso a las partes demandadas la obligación de cumplir con las medidas precautorias en forma inmediata. Al contrario, sostuvo que siempre otorgó la oportunidad para que, en caso de dudas respecto de cómo debían efectuarse las liquidaciones, el Estado Nacional requiriera las aclaratorias necesarias.