El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº9 declaró la ineficacia de pleno derecho de un contrato de locación celebrado por un particular en quiebra, a quien la normativa expresamente desapodera de sus bienes. E informó al Ministerio Público a fin de que evalúe la posible comisión de un delito penal.
La doctora Alejandra Antunez, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº9, declaró la ineficacia de pleno derecho de un contrato de locación celebrado por un particular en quiebra (o fallido) de un inmueble de su propiedad, el cual forma parte de los bienes objeto de ejecución.
La magistrada explicó que en forma expresa el art. 107 de la Ley 24522 establece que el fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de la quiebra y de los que adquiriera hasta su rehabilitación.
Esa declaración de ineficacia de pleno derecho fue solicitada por un acreedor del particular en quiebra, ya que la propiedad alquilada integra los bienes objeto de ejecución. El acreedor sostuvo que tanto el contrato de locación como los pagos percibidos eran ineficaces de pleno derecho porque fueron efectuados con posterioridad a la declaración de falencia. Y aseguró que le causó un grave perjuicio porque durante cinco años el quebrado venía recibiendo pagos, ninguno de los cuales ingresó al proceso.
La juez declaró la quiebra de una empresa integrada por dos personas, una de las cuales es objeto del presente proceso, y había dispuesto en un punto la orden al quebrado y a terceros que entregaran al síndico, disponiendo en otro tramo de la sentencia la inhibición general de vender y gravar bienes.
De la documentación se comprobó que el contrato de locación se suscribió por el fallido con posterioridad al auto de quiebra, transgrediendo las disposiciones de los arts. 106,107 y 109 y C.C. de la ley concursal. En consecuencia, la magistrada declaró de pleno derecho (art. 118 L.C.Q.) la ineficacia del contrato de locación celebrado y corrió vista de esas actuaciones al Agente Fiscal en turno a fin de que evalúe la posible comisión de un delito penal.