El profesional acusó a la magistrada de abuso de autoridad y violación de derechos constitucionales y normas provinciales, como así también la Ley de Contrato de Trabajo. Concretamente denunció que la Juez de Civil, Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá no dio participación a la totalidad de las partes en el proceso, y liberó fondos o pagos sin haberse homologado un convenio, no proveyó escritos anteriores y actuó en forma privada con una de las partes.

En su descargo, la doctora Silva rechazó las acusaciones y sostuvo que no constituía un delito y menos abuso de autoridad el haber extendido un instrumento público como un cheque. Afirmó que su importe había sido establecido por sentencia firme, revestía carácter alimentario y fue entregado en cercanías a la feria judicial.

Sostuvo además que esa fue a la conclusión a la que arribó el Superior Tribunal de Justicia, en el Sumario Administrativo que se le realizó.

Para el Superior Tribunal de Justicia –en su carácter de órgano jurisdiccional- la doctora Silva no violentó norma alguna que ameritara la aplicación de sanciones disciplinarias de tipo administrativo.

Al no haber indicios de que existiera “connivencia” ni tramitación “oculta” o “privada” del expediente provisorio, por lo cual se desestimó la denuncia y el requerimiento contra la magistrada. La decisión del Consejo de la Magistratura lleva las firmas de la doctora María Eugenia Sierra, en representación de los Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público; del doctor Carlos Pila, en por la Fiscalía de Estado; y del doctor Luis Tripaldi, por el Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción Judicial.