La decisión del Alto Cuerpo se plasmó en el Acuerdo Nº 21/21. El doctor Benítez fue propuesto en reemplazo de la doctora Ingrid Lissy Factor, inspectora de la Justicia de Paz, que recientemente se jubiló.

La proposición fue formulada por el Ministro doctor Fernando Augusto Niz, en su calidad de Presidente de la Comisión N° 1 de Acceso a Justicia y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS).

El doctor Niz sostuvo que el funcionario ya se desempeñaba como colaborador en las tareas que se llevan a cabo en esa comisión.

El grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia está integrado por secretarios y altos funcionarios de las Cortes Provinciales y funciona como nexo entre la CNAJ, que preside la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), doctora Elena Highton de Nolasco, y esos tribunales.

El objetivo es coordinar acciones conjuntas tendientes a la puesta en práctica de sistemas concretos en cada una de las jurisdicciones. Y promover el acceso a justicia a través de métodos alternativos de resolución de controversias, disminuir la litigiosidad judicial y optimizar el servicio de Justicia que se brinda a los ciudadanos en todo el territorio argentino.

En las últimas décadas, esa litigiosidad generó el congestionamiento de los tribunales y la consiguiente demora en obtener pronunciamientos judiciales.

Además se advertía la ausencia de políticas comunes en materia de resolución de conflictos y la dificultad que algunos sectores de la sociedad tenían en el acceso a justicia, sobre todo aquellos de bajos recursos o que residen en zonas alejadas de los tribunales.

La gran extensión del país y las numerosas modalidades de los programas que se desarrollan en los distintos niveles (locales, provinciales o regionales) dificultaban su conocimiento por parte de la sociedad y de los propios operadores jurídicos. A ello se sumaba que no existían estadísticas ni ningún otro tipo de evaluación y/o seguimiento de los sistemas implementados.

Esta situación motivó la creación de la CNAJ en septiembre de 2007, en cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan de Políticas de Estado del Poder Judicial y de las conclusiones alcanzadas en la Segunda Conferencia Nacional de Jueces, realizada ese mismo año en Salta.