En el marco del control judicial y administrativo de la ejecución (Art. 3° y 208 de la Ley 24.660), la doctora María Teresa Zacarías de González, titular del Juzgado de Ejecución de Condena,  formuló observaciones al Ministerio de Seguridad y Jefatura del Servicio Penitenciario para que se adopten las medidas tendientes al cumplimiento de las normas de trato a las personas privadas de su libertad.

Las observaciones y recomendaciones se realizaron a lo largo del 2016, como ha sucedido en años anteriores desde la creación de la dependencia.

Las cuestiones señaladas surgen de las inspecciones realizadas en las diferentes establecimientos carcelarios, y situaciones que se fueron observando durante el desarrollo de la labor que en ejercicio de su competencia realiza el Juzgado, y a la luz de las previsiones contenidas en la Constitución Nacional (Art. 18), los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (75 inc. 22 de la CN); Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas y las prescripciones de la ley 24660 de Ejecución de la Pena privativa de la Libertad.

Entre las observaciones efectuadas, tanto en casos individuales como en general con relación a las Unidades Penales que alojan internos, se destacan especialmente la adecuación del Pabellón N° 11, a fin de evitar incendios y/o electrocución por la existencia de materiales inflamables entre alojamientos. Además indicaron conexiones eléctricas precarias, y se requirió la realización de los trabajos necesarios para el uso de modo seguro y protegido de elementos como ser ventiladores. Se solicitó dotar al lugar de la suficiente aireación e iluminación; provisión de elementos necesarios para combatir eventuales focos de incendio y optimizar las vías para prestar rápido auxilio en caso necesario.

En el Pabellón de Seguridad se reiteró su inmediata adecuación optimizando la higiene del lugar -altamente deficiente-, la regularización de las instalaciones eléctricas precarias, iluminación y aireación, máxime teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de las celdas de alojamiento y las altas temperaturas del verano en nuestra zona. Se indicó que debía dotarse al sector de los elementos necesarios para combatir eventuales focos de incendio y optimizar las vías para prestar rápido auxilio en caso necesario.

En el Area de Sanidad la demanda fue que se proporcionaran condiciones adecuadas de higiene, salubridad y la provisión de elementos indispensables para el tratamiento de internos enfermos en el establecimiento penal, cumplimentando las condiciones mínimas de bioseguridad, y de modo urgente, las tendientes a evitar la mayor propagación de enfermedades infectocontagiosas en la población penal. 

El Juzgado también recomendó en materia de Tratamientos Médico Psiquiátricos adoptar las medidas necesarias y articular con otros estamentos de Salud del Estado a fin de proveer la debida asistencia a los pacientes internos, de modo personalizado, con profesionales especializados y trabajadores de la salud debidamente entrenados. Asimismo se reiteró la habilitación de alojamientos diferenciados para internos que se encuentren bajo tratamiento para droga-dependientes o presenten trastornos psiquiátricos que requieran alojamiento individual y con observación permanente. Ello tanto para la Unidad Penal N° 1 y Anexos I y II, como también en el Area de Seguridad.

Se solicitó la provisión de colchones ignífugos a los internos, lo que se informó mediante el Servicio Penitenciario que había sido cumplimentado en su totalidad.

En cuanto a los resultados derivados de tales requerimientos al Poder Ejecutivo, se respondió que la adecuación del Pabellón N° 11 se hallaba en pleno curso, en tanto se ha dado inicio reciente a las obras para la remodelación completa del Pabellón de Seguridad. Sin embargo hasta la fecha no se han iniciado acciones concretas de acuerdo a lo observado en el Area de Sanidad.

Además de tales cuestiones, con respecto a todas  las unidades del  Servicio Penitenciario que alojan personas condenadas, se vienen realizando recomendaciones referidas al lugar de alojamiento e higiene; vestimenta; atención médica, comunicaciones de los internos con familiares, allegados, abogados defensores, autoridades, etc.; funcionamiento de cámaras de seguridad; régimen de trabajo de los internos y las actividades culturales, recreativas y  educativas, siempre con el objetivo de optimizar la tarea de trabajar en pos de la reinserción social y el aseguramiento de garantías constitucionales que asisten a los privados de libertad.