La Licenciada Bárbara Inés Espínola, Asesora de Coordinación Nacional del Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas, estuvo en Corrientes en el marco de una jornada de sensibilización en Capital y Goya sobre la desaparición de niños y adolescentes.

Acompañada de la doctora Maricel Cardozo, asesora legal para la región NEA del Registro, las funcionarias nacionales estuvieron en el salón auditorio del Area de Desarrollo de Recursos Humanos en Capital y en el Tribunal Oral Penal de Goya, con el apoyo de Beatriz Colombo, Jefa de Departamento de Apoyatura Institucional de la Dirección General de Informática, y Nexo provincial entre el Poder Judicial y el Registro Nacional de Información.

Espínola explicó que estas jornadas se programaron para confeccionar en todas las circunscripciones judiciales una base de datos completa con información de las denuncias iniciales de niños desparecidos y su seguimiento. “El Poder Judicial está involucrado ya que las denuncias pasan a las Fiscalías o a los Juzgado de Menores, que dan cuenta si fueron hallados o no y si existen problemas familiares a ser tratados”.

“Sin dudas lo que promovemos es un trabajo de interconexión intersectorial e intergubernamental, apuntando a que las bases de datos sean  cada vez más completas y las acciones del Gobierno sean más eficientes para abordar esas situaciones”.

Consultada acerca de las causas más comunes de la desaparición de niños y adolescentes, Espínola indicó que según la estadística que poseen, el 70-75% de la franja etárea que va entre los  12 a los 17 años se ausenta del hogar por problemas familiares, hechos que van desde un divorcio y la no aceptación de la nueva pareja hasta violencia familiar y abusos. En los casos de niños de hasta 11 años predominan la manipulación de uno de los progenitores y las sustracciones parentales.

En total, son unas 6000 denuncias anuales en los 25 distritos, indicó, aclarando que por lo general, a mayor densidad demográfica, mayor cantidad de denuncias. “Las comisarías son el primer receptor de esas denuncias ya que son el lugar más cercano a la sociedad, pero cuando ocurre que son rechazadas se acude al Poder Judicial”.

Tanto Espínola como Cardozo enfatizaron que las instituciones no pueden demorar 24 horas la toma de las denuncias, sino que éstas deben realizarse “en forma inmediata y con seriedad, porque muchas veces quedan reducidas a un problema familiar, manejando el prejuicio de que los adolescentes son desobedientes, rebeldes, no acatan órdenes”.

“Lo primordial es que el niño aparezca, encontrarlo, y luego indagar sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de ausentarse…pero esa ausencia es el resultado de un proceso previo. Hay que escucharlo. Si la restitución es automática y no media ningún servicio de protección de derechos ni instancia judicial, el niño vuelve a un hogar donde hay problemas.”

“Los casos en los que los chicos mienten son excepcionales y aún tienen que ser escuchados y los adultos deben analizar que los llevó a mentir. De otra manera vamos a encontrar siempre la justificación para no hacer nada”.

Los destinatarios de los encuentros fueron Jueces de Familia y Menores, Jueces Civiles y Comerciales con competencia en Familia y Menores, Jueces de Instrucción y Correccionales, Fiscales de Instrucción y Correccionales, Asesores de Menores, Defensores de Pobres y Ausentes, y sus respectivos Secretarios Actuarios y Relatores, además de personal de Áreas gubernamentales provinciales y municipales.