Este Consejo, integrado por los Procuradores y Fiscales Generales de todo el país, se reunió en la sede de la Procuración General de la Nación la semana pasada, oportunidad en la que se analizó la trascendencia de adoptar un modelo de justicia penal acusatorio pleno en los sistemas procesales de todo el país. Corrientes estuvo presente en la figura del doctor Pedro César Sotelo, Fiscal General del Ministerio Público.

Los funcionarios judiciales mantuvieron un encuentro con el ministro de Justicia, Seguridad y DDHH, Aníbal Fernández, con quien abordaron ese punto. A excepción de unas pocas provincias, el resto de las jurisdicciones del país aplican en materia penal un modelo mixto, donde la labor de recoger las pruebas, valorarlas y evaluar su propia tarea recae sobre el juez, viéndose afectado el principio de imparcialidad. Lo que propone el modelo acusatorio es que los Fiscales posean la facultad de dirigir la investigación, convirtiéndolos en impulsores de la acusación. Fernández se comprometió a asistir financieramente a las provincias, de modo que se pueda lograr el paso de un modelo penal a otro.

Otro de los temas que los funcionarios judiciales consideraron con el Ministro fue el fortalecimiento de la cooperación y persecución del delito de trata de personas y actividades conexas.

Acuerdo

Procuradores y Fiscales Generales de todo el país acordaron reafirmar la autonomía del Ministerio Público respecto de todos los poderes del Estado como una cuestión de máxima trascendencia institucional; y organizar actividades de capacitación para los integrantes del Ministerio Público de manera de fortalecer políticas de persecución y represión de los delitos de manera eficaz, dentro del pleno respeto de las garantías de todos los involucrados en el proceso.

Los participantes destacaron la necesidad de acompañar los procesos de reformas legales e institucionales en material penal con recursos humanos y materiales suficientes que permitan concretar las transformaciones contenidas en las nuevas leyes. Por último, convinieron elaborar un convenio general de cooperación entre las diferentes provincias y el Estado Nacional para optimizar la intervención de la justicia penal respecto de los delitos complejos.

El Consejo Federal de Política Criminal volverá a sesionar en el mes de octubre, en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba.