Alberto Binder es Abogado y Doctor en Derecho, Director del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), Profesor en numerosas universidades de América Latina, autor de múltiples libros de derecho procesal, procesal penal y política criminal, y miembro fundador de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y su Vicepresidente.

Estuvo esta mañana en la sede del Superior Tribunal de Justicia, donde fue recibido por su titular, doctor Guillermo Horacio Semhan; y los Ministros doctores Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chain. Estuvieron presentes también el doctor Juan Ramón Alegre, miembro de INECIP Corrientes y el doctor  Roberto Sommer.

Binder es uno de los máximos referentes en materia de reforma del Código Procesal Penal, y redactor del proyecto de reforma al Código local presentado a la Legislatura en el año 2004. Expresó que si bien se estaban produciendo múltiples modificaciones a nivel país, no observaba como posible una unificación de los códigos procesales penales. “El sistema que poseemos implica que cada provincia posee el propio control sobre su justicia penal, lo cual es positivo. De todos modos, hay una unificación que se da en los hechos y se produce por las normas constitucionales, por las garantías que la Corte Suprema hace valer”. Añadió “No hace falta crear un código único, la tradición es que las provincias han tenido mejor justicia que en el ámbito federal federal y sigo creyendo en ello”.

En el diálogo con los integrantes del STJ uno de los principales temas de análisis fue el narcotráfico. Consultado acerca de si ése era el principal foco de conflicto en la actualidad sostuvo: “Las drogas son sólo uno de los mercados posibles, pero hay otros: vehículos, celulares, armas, trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. El punto aquí es que una parte importante de los fenómenos delictivos son una actividad económica que administra cada vez mayores volúmenes de dinero. Ese dinero producto del delito ingresa al sistema financiero de manera legal o ilegal y lo retroalimenta”.

El especialista advirtió “Ese mercado tiene la posibilidad de contratar personas de la marginalidad que es con quienes se ensaña la justicia penal, lo cual está mal, porque el mercado en definitiva, cambia a esos individuos por otros y continúa en expansión”. Y aseguró “No podemos enfrentar esos fenómenos criminales complejos con las formas tradicionales y arcaicas que hoy tiene el Código Procesal Penal”.

Abogó en ese sentido por un Ministerio Público con facultades para organizar la persecución penal “de modo inteligente, estratégico, con una compresión de los fenómenos de la criminalidad que atienda los reclamos de la víctima de un modo activo y, todo ello sustentado por una organización moderna”.

Sostuvo que el escenario que se plantea es difícil y afirmó que el nuevo Código no constituía una receta mágica que lo resolvería todo, “pero pondrá en marcha procesos de cambio que alimentarán un nuevo profesionalismo policial, de la figura del fiscal y de un nuevo tipo de juez que trabaja de cara a la sociedad”.