El Superior Tribunal de Justicia dispuso por Acuerdo Nº 17/18 aprobar la renovación del parque informático, de acuerdo a un Plan presentado por la Dirección General de Informática del Poder Judicial.

La decisión se tomó considerando que el equipamiento actual en toda la provincia, es decir, – PC´s, monitores, UPS (unidades de energía) e impresoras- que conforman el puesto laboral microinformático individual del personal, se encuentra obsoleto: alrededor del 70% de los equipos tienen una antigüedad mayor a 10 años.

Ese hecho determina que su rendimiento y mantenimiento implica cada vez más trabajo y mayor costo. Y en algunos casos tampoco son compatibles con los sistemas operativos que exigen la nueva tecnología, principalmente las adaptaciones de los sistemas de gestión IURIX y/o SIGA.

La rapidez en la evolución de los servicios y productos tecnológicos, en corto plazo, produce hoy día la obsolescencia, máxime la creciente demanda de las nuevas aplicaciones que conlleva un aumento en los requerimientos de procesamiento, tiempo de respuestas y a la vez, exigen disponibilidad de información, operabilidad rápida, inmediata y de fácil acceso.

La Corte indicó que ya se hallan en ejecución los procedimientos licitatorios de adjudicación para la compra de PC, monitores, UPS e impresoras, de acuerdo a las previsiones presupuestarias.

Y la entrega de esos nuevos equipos se realizará en base a un cronograma que tendrá como criterios el tiempo de obsolescencia, el principio de distribución integral y gradual en toda la Provincia –sin privilegiar una circunscripción o localidad en particular-, las necesidades tecnológicas urgentes vinculadas con los exigencias de las distintas plataformas de gestión de acuerdo a los proyectos de informatización y digitalización de los procesos, como así también, la puesta en funcionamiento de nuevos juzgados o traslados de Tribunales a nuevos edificios.

Los equipos que sean dados de baja serán donados a entidades públicas estatales y no estatales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y/o entidades privadas con fines sociales, que así lo soliciten.

Los Ministros señalaron que debía  establecerse un procedimiento ágil y sin obstáculo para su entrega a las distintas instituciones, que deberán presentar por escrito su petición ante la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia.